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Una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició su despliegue en Ecuador, donde desarrollará tareas de observación durante las elecciones del próximo domingo.
Así lo anunció el Departamento de Cooperación y Observación Electoral de ese organismo.
La misión está formada por sesenta observadores internacionales y expertos en organización y tecnología electoral, financiación de campañas, registro electoral, género y justicia electoral, entre otros.
El expresidente de la República Dominicana Leonel Fernández, quien encabeza el grupo de observadores, visitó Ecuador a mediados de enero para conocer los preparativos de los comicios y reunirse con sus diferentes actores.
La OEA y el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, firmaron el 16 de enero en Quito un convenio que legaliza y garantiza el trabajo del grupo observador internacional.
En Ecuador, los votantes también se pronunciarán sobre una consulta popular impulsada por el Ejecutivo, que busca prohibir a los servidores públicos tener dinero o bienes en paraísos fiscales.
Fernández señaló ese día que el convenio incluye un conjunto de procedimientos sobre la observación electoral y permite a la OEA consultar directamente a las autoridades electorales ecuatorianas.
El objetivo, dijo, es «poder garantizar la legalidad y legitimidad del próximo certamen electoral» y, al final, efectuar unas recomendaciones que puedan ser incorporadas por el CNE en futuros comicios.
Durante su visita, Fernández reveló a periodistas que formaciones políticas trasladaron a la OEA «inquietudes» sobre el padrón electoral, el sistema informático y el escáner que se utilizará para la transmisión de los resultados.
El exgobernante indicó que la misión que encabeza comunicó las «preocupaciones» manifestadas a las autoridades electorales, «advirtiéndoles de que hay una preocupación legítima de los partidos políticos sobre este particular».
El 19 de febrero 12,8 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir al presidente del país, a los 137 parlamentarios de la Asamblea Nacional y a los cinco legisladores al Parlamento Andino.
También se pronunciarán por medio del voto sobre una consulta popular impulsada por el Ejecutivo, que busca prohibir a los servidores públicos tener dinero o bienes en paraísos fiscales.
of-am