Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Programa medicamentos sin fondos para nuevos enfermos
Vendamos las reservas de tierras raras y paguemos la deuda externa
David: ¿candidato del PRM?
Una italiana murió en incendio en hotel de Rep. Dominicana
Imponen prisión a 5 supuestos miembros red estafa y lavado
El partido atrapalotodo
Condenan empresario provocó pérdidas millonarias a EDEESTE
Obispos RD preocupados por intentos de legalizar el aborto
JCE dispone entrega de cédula fines de semana sin restricción
Culpa al Gobierno del alza de los precios de alimentos en RD
SANTO DOMINGO.- El movimiento Participación Ciudadana expresó «total apoyo» a la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que prohibió actos de campaña electoral en los actuales momentos.
«Valoramos esta medida como justa, oportuna y pertinente, ya que no solo está dentro de las atribuciones que la Constitución de la República le asigna al alto organismo electoral, sino que responde a un reclamo nacional que el Congreso y la clase política han desoído por décadas», señala la entidad en un documento de prensa.
Indica que «desde que se comenzó a discutirse en el país el primer proyecto de Ley de Partidos y luego el Proyecto de Ley Electoral, uno de los puntos con mayor apoyo ciudadano es el referente a la limitación de las campañas electorales y, como consecuencia, de los gastos de los partidos y candidatos».
«Esta es una conquista que la mayoría de los países democráticos ha puesto en práctica desde hace décadas. Son muchas las razones que justifican la limitación de las campañas. En primer lugar, todas las libertades propias de las sociedades modernas están reguladas, así lo reconoce la propia Constitución, en función del interés colectivo y de las experiencias de lo que funciona mejor para el fortalecimiento de la democracia y la convivencia social», agrega.
Explica que «las campañas electorales ilimitadas provocan un costo excesivo de la actividad política y del acceso a una posición electiva».
Agrega que esos recursos no provienen de fuentes transparentes públicas ni privadas, por lo cual «se prestan a ocultar inversiones espurias provenientes de dinero ilícito o de sectores interesados en pasar factura a futuros gobernantes o directamente insertarse en algún órgano del Estado».
«Las campañas políticas ilimitadas solo favorecen a los precandidatos que ya ostentan cargos públicos, prestándose al abuso y a la utilización de las instituciones y cargos para imponerse sobre los aspirantes que no tienen este beneficio, con lo cual se establece una situación de inequidad y privilegios que violenta los principios democráticos», añadió.
«Participación Ciudadana reitera la necesidad de que en el país se aprueben las leyes Electoral y de Partidos Políticos, siempre y cuando las mismas contengan las medidas necesarias para regular la actividad política, especialmente el costo y la obligatoriedad de rendición de cuentas, con las debidas sanciones para quienes incumplan», manifiesta.
sp-am