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Naciones Unidas, 27 sep.- Doce países de América Latina y el Caribe firmaron y ratificaron hoy en la sede de Naciones Unidas el Acuerdo de Escazú, el primer tratado vinculante en política ambiental de la región, que contiene disposiciones para proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, señaló en una rueda de prensa que a partir de hoy se abre un proceso de dos años para que el resto de los 33 países de la región se adhieran, y se espera que esta tarde firmen otros dos.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado el 4 de marzo pasado en Escazú (Costa Rica) y para entrar en vigor necesitaba la ratificación de once Estados.
Con cada nueva ratificación, o firma, en el caso de los países caribeños, el acuerdo se convierte en ley nacional, lo que supondrá desafíos en cuanto al acceso a la información para algunas instituciones, ya que se podría impugnar y recurrir la no entrega de datos.
Además, Bárcena destacó del tratado que protege la actividad de los ambientalistas y prevé acciones para «prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas e intimidaciones a estos defensores de los derechos humanos».
La vicepresidenta y ministra de Exteriores costarricense, Epsy Campbell, presente en el evento, expresó que el de Escazú era un acuerdo «necesario» porque las partes «se han apresurado a firmarlo» y emplazó a hacerlo en el menor plazo posible a los demás Estados.
La secretaria ejecutiva de la Cepal, comisión que ejercerá como secretaria del proceso, indicó que los Gobiernos podrán llamar a entregar información al sector privado pero la idea es que los poderes legislativo y judicial avancen en garantizar el acceso a los datos para la sociedad civil.
Señaló que las poblaciones afectadas por obras e inversiones, a menudo indígenas, se han quedado muchas veces «solas» en la negociación frente a empresas y que no deben «ser las únicas responsables de lidiar» con problemas que principalmente corresponden al sector privado y al Estado.
En ese sentido, el acuerdo permitirá establecer «consultas previas informadas», como promueve la ONU, porque «nadie está en contra del desarrollo sostenible» pero hay que «proteger la integridad de los ecosistemas y la salud y el bienestar de las personas», incluidos los que ejercen la abogacía, dijo.
Según informó Amnistía Internacional, los países firmantes son Argentina, Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, Santa Lucía y Uruguay, mientras que se espera que en las próximas horas se unan República Dominicana y Haití.
of-am