Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
China protesta por sanciones EEUU contra empresas suyas
NUEVA YORK: Velan restos del apóstol Ricardo Reyes
Un muerto, quince heridos este lunes en ataques Rusia-Ucrania
ANJE pide medidas adicionales afrontar impacto crisis Oriente
La economía de América Latina y el Caribe (OPINION)
Mueren 3 en otro bombardeo de EEUU contra una «narcolancha»
OPINION: Los del exterior somos algo más que remesas
Minería RD creció 7.7 % en el primer trimestre de 2026
Ormuz, petróleo, deuda y el Estado dominicano
LF ve necesaria una revolución del conocimiento en Rep. Dom.
SANTO DOMINGO.- La Direción General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) puso en manos del Ministerio Público el caso del recién destituido director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Diandino Peña, para que investigue si cometió actos reñidos con la ley cuando estuvo al frente de esa dependencia gubernamental.
Lidio Cadet, titular de la DIGEIG, informó que cuando se enteró de las supuestas irregularidades que habría cometido Peña, a través de un reportaje que realizó la periodista Alicia Ortega, procedió a recopilar informaciones para iniciar el proceso de investigación, pero cuando el funcionario fue destituido, el caso salió de su competencia, por lo que lo remitió Ministerio Público.
«Enviamos una comunicación con lo que había sucedido, en la cual le solicitamos que investigara la cuestión, para que, si encuentran méritos penales, que actúen en consecuencia», explicó Cadet en una rueda de prensa en la que anunció cambios en la política de elección de los miembros de la Comisión de Ética.
Reiteró que «el Ministerio Público es el estamento que está llamado a actuar en ese caso, en vista de que Diandino Peña fue destituido».
Peña fue destituido el pasado viernes, cuatro días después de que el programa El Informe con Alicia Ortega publicara una investigación en la que se determinó que, tras 13 años en el cargo, el exfuncionario había creado 19 empresas utilizando testaferros para que representaran sus inversiones.