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Santo Domingo, 14 dic.- Los generales Juan Carlos Robiou y Boanerges Reyes Bautista fueron enviados a prisión preventiva junto a otros tres presuntos implicados en un entramado de supuesta corrupción que movilizó unos 4,500 millones de pesos en operaciones ilícitas.
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, también dispuso arresto domiciliario para otros cinco acusados de la llamada operación Coral 5G, presentación periódica e impedimento de salida del país para otros dos y declaró el caso complejo.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para 11 de los 12 imputados.
Otro de los presuntos implicados en la red es el general Julio Camilo de los Santos Viola, cuyo caso no fue conocido en esta oportunidad, ya que recusó en dos ocasiones a la magistrada Romero, quien deberá esperar una decisión al respecto de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El abogado de Robiou, exdirector del Centro Especializado en Seguridad Turística, Cándido Mercedes, dijo a los medios de comunicación que su defendido fue enviado a prisión preventiva en la cárcel de Najayo-Hombres, San Cristóbal, al igual que el general Reyes Bautista.
De su lado, el abogado Zacarías Payano afirmó que entre a quienes se dispuso arresto domiciliario están César Ramos Ovalle, Kelman Santana Martínez y Carlos Augusto Lantigua Cruz, mientras que a la gerente bancaria Esmeralda Ortega Polanco se le dictó presentación periódica ante la Fiscalía e impedimento de salida del país.
«Tal como nos caracteriza, hemos presentado un proceso blindado con el cual cumplimos con la palabra empeñada de que la lucha contra la corrupción avanza en la República Dominicana (…) no nos detendremos, a este proceso no hay fuerza humana que lo pueda detener», dijo a periodistas el procurador adjunto Wilson Camacho.
Camacho, sin embargo, se rehusó a identificar las personas que fueron enviadas a prisión ni a las que se les impuso arresto domiciliario.
Tampoco lo hizo con los dos implicados a quienes se dictó libertad condicional.
Los acusados fueron arrestados en noviembre en varios operativos que incluyeron la incautación de decenas de propiedades.
Están imputados de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Según las investigaciones, los supuestos implicados aumentaban artificialmente la nómina del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cestur para obtener beneficios económicos.EFE
