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SANTO DOMINGO.- La Justicia dominicana dictó el auto de apertura de juicio contra los miembros de la red de tráfico de inmigrantes desmantelada en la operación Iguana, informó este lunes la Procuraduría General de la República (PGR).
El magistrado Ernesto A. Cabral Gomera, del Juzgado de Instrucción del distrito judicial de la provincia Independencia, acogió la solicitud al respecto formulada por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Además de emitir el auto de apertura de juicio contra todos los involucrados en la organización delictiva, el juez ratificó las medidas de coerción consistentes en prisión preventiva, a excepción de Deivy Nova Reyes, quien deberá personarse ante la PETT el último viernes de cada mes, presentar una garantía económica de 10.000 pesos y que no podrá salir del país.
Por otra parte, el magistrado rechazó la solicitud de las defensas sobre las exclusiones probatorias, con los argumentos de que no hay elementos de ilegalidad y existen autorizaciones judiciales, y desestimó la devolución de las pruebas materiales porque estas son útiles y pertinentes para probar el caso.
En opinión del tribunal, la organización ahora desmantelada era una red de crimen organizado tal como evidencia su modus operandi en cuanto a anticipos, llamadas y extracciones. Además, la comunicación entre sus miembros se producía en cascada o de manera jerarquizada.
En el expediente acusatorio figuran Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de Aduanas en Jimaní, y el inspector de esa dependencia Johan Rosario Castillo, así como Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Nova Reyes, quien era empleado del Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), al igual que Dominga Guzmán, madre de uno de los imputados, quien facilitó su casa.
La operación Iguana, que se llevó a cabo con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, permitió la desarticulación de esta red de tráfico y trata de personas.
En el operativo, además de procederse a la detención de los supuestos involucrados en la trama, fueron decomisados siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116.000 pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego calibre 9 milímetros.
