Todos tenemos derecho a defender a quien decidamos, con argumentos, con pruebas específicas. A lo que nada nos da potestad es a destruir reputaciones ajenas para salvar las de nuestros defendidos.
No es prudente tampoco justificar una acción incorrecta con otra igual o pretender que una persona que delinquió sea liberada de culpa porque otra “hizo algo peor” y no le pasó nada. Los ejemplos de estos comportamientos abundan, demasiado.
En el caso de la Suprema Corte de Justicia, para citar uno aun en el tapete, aunque con menos fuerza, antes de que fueran electos los jueces hubo gente que pregonó que serían personas inservibles, que garantizarían la impunidad, muy distintos a la magistrada Miriam Germán Brito, dejada fuera.
Esas críticas siguieron después de la elección pero salpicaban a todos los electos sin ofrecer datos de mal comportamiento de ninguno.
Lo mismo que Germán Brito, todos los que optaron por un puesto en la SCJ lo hicieron porque pensaron que estaban en su derecho y era deber de los que supieran de algo que les impidiera concursar denunciarlo.
Pero nadie presentó oposición ni siquiera a la candidatura de Luis Henry Molina, miembro del Partido de la Liberación Dominicana y en ese nadie entran los consejeros que en el Consejo Nacional de la Magistratura representaban al Partido Revolucionario Moderno, tal como les echó en cara Guillermo Moreno.
Sin importar lo serios que fueran los antiguos miembros de la SCJ, entiendo que los poderes del Estado deben ser renovados con frecuencia, que no es sano perpetuarse en ningún puesto electivo y que es bueno dar votos de confianza, claro siempre a gente que la merezca.
Habrá que ver si es el caso de estos nuevos magistrados pero todavía hay tiempo de que si alguno esconde una cola, puedan los que lo saben dejarla al descubierto, por la salud de la justicia.

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