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SAN JUAN.- El Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) exigió mejor trato para los dominicanos que residen en Puerto Rico.
José Rodríguez, presidente de la entidad, declaró que se han registrado muchas violaciones civiles y que las más comunes vienen de la Policía y los departamentos de Salud, Educación y de Justicia.
«Tenemos casos de personas que las han dejado morir en los hospitales por ser dominicanos. En las escuelsa se negaban a inscribir a los hijos de dominicanos. Gracias a la intervención del Comité Dominicano, que junto a la licencia de conducir, logramos se emitieran dos órdenes ejecutivas, la primera para obligar a las escuelas inscribir a nuestros hijos, y la segunda para que los emigrantes se han atendidos en los hospitales», apuntó.
Alegó que la división de drogas puertorriqueña es la más violenta contra la comunidad dominicana y la más podrida en todo el sentido de la palabra. «Existe algunos casos de dominicanos asesinados por la Policía que están bajo investigación. Te pongo como ejemplo el caso de Jairo Pinela, asesinado de seis disparos por la espalda en Río Piedras, San Juan», señaló.
Otro caso muy mencionado es el de Rafael Herrera -añadió- que en una intervención de la policía fungiendo como agentes de inmigración fue asesinado a macanazos, lanzado en la patrulla vivo y pocas horas después lo dejaron morir.
Abusos a comerciantes dominicanos
Rodríguez señaló que el Departamento de Hacienda junto a la Policía montaban un cuartel móvil frente a los negocios de dominicanos, lo que provocó que algunos quebraran debido a que los clientes no frecuentaban esos lugares por la presencia de agentes policiales.
«Hemos tenido que recurrir al Superintendente para que retiren esos cuarteles rodantes que atemorizan a los clientes», afirmó.
Tribunales contra emigrantes
Rodríguez reveló que los tribunales puertorriqueños son muy radicales contra los emigrantes dominicanos.
«Cuando un dominicano llega a las cárceles puertorriqueñas, le sucede lo que no le pasa a los que son ciudadanos. Le ponen lo que se llama un deitema de inmigración. El asunto es que no solamente tiene que cumplir todos los años de la condena, sino que también no tiene derecho a libertad bajo palabra, ni tiene derecho a bonificar, y cuando cumplen la pena, los deportan», reveló.
Pide ayuda del gobierno RD
El activista dominicano solicitó al gobierno de la República Dominicana «un cambio urgente de su política pública en el exterior, ya que nos sentimos huérfanos».
Fuente: METRORD
jt/am