Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Ser enemigo de un periodista
Abinader reúne con jóvenes SC; anuncia hospital traumatología
Abinader inaugura varias obras en municipios de Cambita y SC
EEUU presiona para que la RD derogue decreto protege arroz
RD superó los 8.5 millones de visitantes entre enero y agosto
Trump exige a Zelenski detenga ataques a plantas energéticas
Rusia lanza ataque con drones frontera ucraniana con Polonia
Irán condiciona apertura Ormuz a que EU cumpla compromisos
Muere Claudio Concepción, pionero crónica arte Santiago
ROMA: El Papa pide renovar el compromiso por paz del mundo
PUERTO PRINCIPE.- El juez haitiano Jean Morin, denunció el negocio que representa para algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) el fenómeno de la detención preventiva prolongada, que afecta hoy a más del 79 por ciento de los prisioneros.
«Es un circuito que genera mucho dinero para los promotores de ciertos proyectos que dicen venir al rescate de los presos», criticó el también presidente de la Asociación Nacional de Magistrados.
Actualmente de los 11 mil 131 reos en el sistema penitenciario, ocho mil 809, el 79,14 por ciento se encuentran en espera de juicio, problemática que se agudizó durante 2020 en medio de la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con Morin, muchas ONG existen gracias a que los detenidos pasan largos periodos en las cárceles sin acceso a la justicia. También criticó que el tema no interesa a todos y ya costó el cargo de un fiscal.
Se suma la disfuncionalidad del sistema judicial paralizado desde hace un año y medio, entre huelgas, crisis política y sanitaria, además de la inseguridad.
Recientemente, los fiscales impulsaron un paro laboral para denunciar las condiciones de trabajo y exigir se respeten los acuerdos firmados con el Ministerio de Justicia, que ponían fin a la disparidad salarial entre los magistrados titulares y los comisionados gubernamentales.
Esto después de un «catastrófico» año judicial 2019-2020, que cerró en octubre pasado con un balance negativo, según lo definió el propio Morin.
En este contexto, organizaciones de derechos humanos criticaron las condiciones de vida de de los prisioneros, sin acceso a servicios esenciales, como agua potable y atención de salud, durante la pandemia.
Un informe de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos sugirió que las condiciones de las prisiones son responsables de la muerte de al menos 101 reos de enero a octubre de este año.
Morin pidió a las autoridades solucionar los problemas del sistema de justicia, que no debe estar atado a los «caprichos políticos», manifestó.