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Puerto Príncipe, 24 jun.- La Oficina de Abogados Internacionales de Haití denunció la inacción gubernamental ante la situación de los desplazados, obligados a huir de sus viviendas por la ola de violencia que persiste hoy.
Su titular, Mario Jospeh, criticó que a las autoridades aún no reubicaron a los refugiados de Martissant y Fontamara, comunas situadas en la entrada sur de la capital, 23 días después del comienzo de enfrentamientos armados entre bandas.
La inseguridad empujó a más de 10 mil personas, según cifras de organizaciones locales de derechos humanos, a refugiarse en casas de acogidas, iglesias o centros deportivos públicos.
Es una grave violación de los derechos humanos, dijo el abogado sobre la situación de miles de familias.
Cerca de mil 500 personas sobreviven desde hace tres semanas en el polideportivo de Carrefour, convertido en un nuevo campo de refugiados, donde magramente tienen acceso a dos platos diarios de alimentos y servicios mínimos como duchas y baños.
«Nuestra prioridad aquí es mantenernos dignos y limpios y encontrar algo para comer. No sabemos lo peor que nos depara la vida después de lo que pasó en nuestro barrio», dijo a la prensa Madeleine Charles, quien llegó al sitio junto a sus dos hijos menores el pasado 1 de junio.
Los choques entre pandillas provocaron la muerte de unas 50 personas, reveló recientemente el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, algunos de ellos desplazados que regresaron a sus viviendas para salvar las pocas pertenencias y terminaron atrapados en un fuego cruzado.
Además de la crítica situación de Martissant, la semana pasada las bandas atacaron varios negocios privados, sucursales bancarias e incendiaron un campamento de desplazados del terremoto de 2010, donde se asentaban unas 500 personas con discapacidad.
Varias decenas de estos últimos fueron reubicados en la escuela comunal de Petion Ville, en dos antiguas aulas convertidas en refugios improvisados y sin las condiciones mínimas de habitabilidad.
of-am