SANTO DOMINGO.- Sectores vinculados a la construcción y suplidores del Estado denunciaron un marcado retraso en la implementación de la Ley de Pago Oportuno a Contratistas y Proveedores del Estado, asegurando que el “inmovilismo institucional” está afectando la estabilidad financiera de cientos de empresas que prestan servicios al sector público.
Los denunciantes señalaron que, pese a que la normativa fue aprobada con el objetivo de garantizar pagos en plazos razonables y transparentes, muchas instituciones públicas continúan incurriendo en atrasos prolongados, acumulando deudas millonarias con contratistas y suplidores.
Indicaron que esta situación ha provocado dificultades para cumplir compromisos laborales, fiscales y financieros, especialmente entre pequeñas y medianas empresas que dependen en gran medida de los contratos estatales.
“Existe una preocupante falta de voluntad para aplicar de manera efectiva la ley. Las instituciones siguen operando con prácticas burocráticas que retrasan los pagos y ponen en riesgo la continuidad de muchas empresas”, expresaron representantes del sector.
Asimismo, reclamaron la creación de mecanismos de supervisión y sanción que obliguen a las entidades estatales a cumplir los plazos establecidos por la legislación vigente.
Los afectados advirtieron que, de mantenerse la situación, podrían registrarse paralizaciones de obras, cancelación de servicios y pérdida de empleos en distintos sectores vinculados a la contratación pública.
Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno y a los órganos responsables de las finanzas públicas para que adopten medidas urgentes que permitan hacer efectiva la aplicación de la ley y restaurar la confianza entre el Estado y sus suplidores.
of-am


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