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NUEVA YORK.- Una veintena de comunitarios condenaron aquí que República Dominicana se haya negado a firmar el pacto migratorio propuesto por la ONU, alegando que «con esa actitud el gobierno les da la espalda a los dominicanos que residen en el exterior».
“Estimulados en parte por esa nagativa y alimentado por el odio racista, los grupos ultraconservadores han osado, no solo en infundir amenazas de muerte, sino concletar agresiones físicas contra periodistas y comnicadores”, expresaron en un documento firmado por 27 personas.
Entre los firmantes están Miguel Espaillat, Rafael Santos, Féliz Severino, Dionisio Rosario, Manuel Sánchez, Dagoberto López, Carlos Leiter, Bélgica González, Sully Durán, Ramón Ventura, Jancy Villar, Arelis Figuereo, José González, Pedro Reyes, Nelson Herrera, Ramón Martínez, José Lachapel, José Gonnel, Simón Morel, Wigberto Astacio, Tomás Díaz, Radhamés Morales, Samuel Sánchez, Juan Fermín, Jacinto Núñez y Rafael Bonilla.
Explican que el pacto migratorio de la ONU lo único que persigue y proclama es la defensa y protección de todos los derechos de los inmigrantes y ciudadanos del mundo.
Precisan que «los inmigrantes dominicanos en Nueva York asumismos las agresiones a cualquier persona, solo por su condición de inmigrante u origen nacional y cultural, como agresiones a nosotros mismos, pues sintetizan aquellas a las que nos hemos vistos compelidos a enfrentar en las diferentes épocas y regiones en que nos hemos visto forzados a emigrar».
Señalan que «los inmigrantes haitianos no solo son sujeto de caridad pública, sino fuerzas productivas vivas, comprometidas en la creación de riqueza nacional e integrada a los circuitos de la dinámica económica y, por ende, sujetos de derechos económicos y sociales que se pretenden desconocer» .
Significan que «la oleada racista antihaitiana ha sido incubada por la incongruencia de las políticas gubernamental y estatal que empezó negándole nacionalidad a decenas de miles de descendientes haitiano con la sentencia ilegal e inconstitucional 168/ 15 del llamado Tribunal Constitucional, en violación flagante de la constitución del 2010».