Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
David Collado juramenta estructura política en Santiago
El comercio exterior de RD 2002-2025
Evitar que el mercado turístico-inmobiliario se desacredite 
Johnny Pujols denuncia deterioro de servicios básicos con PRM
Fuerza del Pueblo se fortalece e inaugura local en Santiago Oeste
El arroz: Que no nos pase lo que le pasó a Haití
La geopolítica no es un juego azar en un casino
Viceprimer ministro cubano aborda crisis energética en RD
Chloe Paredes triunfa en el circuito de moda internacional
Licey vence Águilas con jonrón de tres carreras de José Barrero
BOGOTA.- El exalcalde de Bogotá Samuel Moreno fue condenado este martes 29 de marzo a 18 años de prisión e inhabilitado para ejercer actividad política de por vida por el pago de millonarios sobornos en la adjudicación de un contrato para un servicio de ambulancias.
“Se condenará a Samuel Moreno Rojas a la pena principal de 216 meses de prisión (18 años), multa de 299 salarios mínimos mensuales legales vigentes (unos 68 000 dólares)”, sentenció el juez durante la audiencia.
El exburgomaestre “queda inhabilitado a perpetuidad para el ejercicio de funciones públicas”, agregó.
Según la Fiscalía, Moreno es responsable de la entrega de comisiones por más de 6 000 millones de pesos (unos 1,9 millones de dólares), en medio de la adjudicación del contrato de ambulancias en 2009, cuyo costo fue de 67 000 millones de pesos (unos 21,9 millones de dólares).
El exalcalde, de 56 años, gobernó la capital entre enero de 2008 y mayo de 2011, cuando fue suspendido por cargos de omisión en el manejo de contratos de obras públicas. Desde septiembre de 2011 se encontraba en detención preventiva.
Electo alcalde de Bogotá en 2007 por el partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, Moreno fue expulsado de esta colectividad en septiembre de 2011.
Moreno es investigado además por irregularidades en la asignación de la tercera fase del sistema de transporte colectivo de buses por carril preferencial Transmilenio.
Según la Contraloría, ente que vigila las finanzas públicas, los daños patrimoniales por este asunto podrían ascender a
200 000 millones de pesos (unos 65 millones de dólares).