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Colegio de Abogados pide mayor presupuesto para Defensa Pública
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-
El Colegio de Abogados de la República Dominicana solicitó a los legisladores otorgar un mayor
presupuesto para la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) para el 2015
para evitar su colapso.
Diego José García, presidente del
Gremio, informó que la Oficina Nacional de Defensa Pública atraviesa una
precaria situación económica.
Denunció que si no se realiza una modificación del proyecto de presupuesto del 2015
para que la Oficina Nacional de la Defensa Pública la institución podría colapsar,
debido a la gran demanda de trabajo para los defensores públicos y el bajo
presupuesto.
García dijo
que por esta situación los defensores públicos se han visto en la necesidad de limitar
el servicio.
La crisis
económica también ha provocado la renuncia de decenas de defensores, debido a
que desde el 2008 no se les ha podido ni siquiera reajustar el sueldo.
El presidente del Colegio dijo que la
Defensa Pública una asignación presupuestaria de 825,891,378 millones, 510
millones más de lo asignado, debido a que los 315,559,179 millones consignados no
son suficientes para aperturar las 12 oficinas reclamadas por los defensores y la
población.
Recordó que es necesario la apertura
de oficinas de defensoría pública en el Seybo, Nagua, Neyba, Jimaní,
Las Matas de Farfán, Elías Piña, Samaná, San José de Ocoa, Constanza, Dajabón,
Azua y Santiago Rodríguez, para lo cual hay que comprar equipos y contratar
recursos humanos calificados.
Indicó que
la Oficina
Nacional de Defensa Pública (ONDP) tiene que prestar asistencia legal gratuita a
la ciudadanía a nivel nacional por mandato constitucional, solo cuenta con 123
defensores y 22 coordinadores, cuando en realidad necesita más de 400.
El Presidente del Colegio de Abogado,
como miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública, denunció que los
defensores que deberían llevar 200 casos, llevan actualmente entre 450 y 750, lo que representa aproximadamente el 69% y 75%
de todos los casos que ingresan al sistema de justicia penal dominicano, según
las estadísticas de nuestra institución.