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SANTO DOMINGO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) rechazó los desalojos «ilegales» que se realizan y se plantean realizar en toda la región Este del país con la complicidad de los abogados del Estado y autoridades, para favorecer a terratenientes que se quieren adueñar de las tierras del Estado dominicano.
«En el día de hoy deseamos hacerle un llamado al presidente Danilo Medina, al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y a la Defensoría del Pueblo sobre esta situación que se está verificando en toda la región Este del país, en donde se esta actuando un plan para que terratenientes locales se adueñen de tierras del Estado desalojando ciudadanos y campesinos que las habitan y trabajan desde décadas», dijo la entidad en un documento.
Entre varias situaciones que estanos monitoreando desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en toda la región Este, señalamos la de Boca de Yuma donde hace algunos días la CNDH-RD, moradores del lugar y regidores estuvieron lanzados a la calle en rechazo a los desalojos autorizados por el abogado del Estado en contra de uno de los sectores más vulnerables y más humildes de esta demarcación, gestionado por el presidente del PLD de la provincia de la Altagracia, el Dr. Pedro Rojas Morillo el cual en confabulación con un terrateniente quieren adueñarse de una porción de tierra ubicada en la parcela 92-HD/C 10 de este lugar.
La misma esta de hecho ocupada por una gran cantidad de familias de escasos recursos por más d 20 años donde existen más de 100 viviendas y la ocupan unas 300 personas.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una línea firme de condena y rechazo de los desalojos ilegales y del acaparramiento de tierras a favor de terratenientes realizados con métodos y contratos ilegales”, declaró Manuel María Mercedes, presidente de la organización defensora y promotora de los derechos humanos.
Agregó: “Jamás aceptaremos que familias enteras con niños y ancianos sean desalojadas de tierras que habitan y cultivan desde décadas porque funcionarios del Estado, que en vez de proteger los bienes públicos y favorecer los ciudadanos, confabulan con terratenientes para robarle al Estado su patrimonio. Esto jamás irá a pasar. Deberán pasar sobre nuestros cadáveres y de todo los moradores de esas parcelas”.
of-am