BURKINA FASO 29 Ene.- El Gobierno de transición de Burkina Faso ha adoptado este jueves un decreto que disuelve todos los partidos y formaciones políticas, alegando que se trata de una medida para «allanar el camino para una reforma del sistema de gobernanza política».
El Consejo de Ministros, presidido por el presidente del país africano, Ibrahim Traoré, ha aprobado durante la jornada varios decretos «para el buen funcionamiento de la nación y la mejora de las condiciones de la vida del pueblo burkinés», reza un comunicado publicado por el Servicio de Información del Ejecutivo.
El ministro de Estado, Émile Zerbo, ha explicado que «esta importante decisión se enmarca en la reforma del Estado y es consecuencia de un análisis exhaustivo del sistema de partidos, que reveló numerosos abusos en la aplicación del marco legal de los partidos y formaciones políticas».
Uagadugú considera que la «proliferación de partidos políticos ha propiciado abusos, fomentando la división ciudadana y debilitando le tejido social». «Esta medida busca preservar la unidad nacional, fortalecer la coherencia de la acción gubernamental y allanar el camino para una reforma del sistema de gobernanza política», ha dicho.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha adoptado un ‘Plan de Recuperación’, que constituye el «nuevo marco nacional de desarrollo para el periodo 2026-2030 y está valorado en 36 billones de francos centroafricanos (54.900 millones de euros).
Este plan se basa en cuatro pilares: consolidar la seguridad, cohesión social y paz; reformar el Estado y mejorar la gobernanza; desarrollar el capital humano; y desarrollar las infraestructuras y transformar estructuralmente la economía.
Con su implementación, el Gobierno «aspira a importantes objetivos, como la recuperación completa del territorio, la reducción de la tasa de pobreza del 42% al 35%, el aumento de la esperanza de vida de 61 a 68 años y la triplicación de la capacidad energética».
Burkina Faso, dirigido desde 2022 por una junta militar encabezada por Ibrahim Traoré, ha experimentado un aumento significativo de la inseguridad desde 2015, con ataques por parte de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico que han contribuido a incrementar la violencia intercomunitaria y ha hecho que florezcan grupos de autodefensa, a los que el Gobierno ha sumado ‘voluntarios’.
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