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BRASILIA.- El trámite para el posible juicio político con fines de destitución a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, avanza. Este lunes, una comisión parlamentaria ha decidido tras analizar las acusaciones contra la mandataria que existen razones jurídicas para iniciarlo. Ahora, será el pleno de la Cámara de los Diputados quien decidirá si continúa el proceso.
La decisión ha sido aprobada con 38 votos a favor y 27 en contra en una comisión formada por 65 diputados que analizó las acusaciones contra la presidenta por irregularidades fiscales en 2014 y 2015. La sesión ha sido tensa y ha durado casi 11 horas en un reflejo del enconado clima político en que se ha sumergido Brasil.
Ahora, el proceso seguirá en el pleno de la Cámara de Diputados, que deberá ser convocado a sesiones extraordinarias de votación previstas para los próximos viernes y domingo. Para que la aprobación del juicio político contra Rousseff es necesario obtener una mayoría cualificada de dos tercios, que la oposición todavía no tiene garantizada.
Según la oposición, cometió «un delito de responsabilidad»
El diputado instructor de esta comisión especial, Joavir Arantes, ha reiterado que las acusaciones son «de elevada gravedad» y tifican un «delito de responsabilidad», requisito que establece la Constitución para la destitución de un mandatario. Según Arantes, Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, alterar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.
En defensa de la presidenta, el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, ha manifestado que el «delito de responsabilidad» no llegó a ser tipificado y ha insistido en que las irregularidades de las que se le acusa, en caso de que las hubiera, no pasarían de ser «meras faltas administrativas».