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BANÍ, República Dominicana.- La Policía impidió a los manifestantes del movimiento Marcha Verde la entrada a la parcela donde se construye la central termoeléctrica Punta Catalina.
Los manifestantes llegaron al mediodiía de este domingo al lugar conocido como el Mercadito de Paya, donde se encontraron con una barrera de efectivos militares y agentes policiales.
Claudio Caamaño dijo que el cerco policial «es un acto más de corrupción, porque se utiliza la fuerza policial para evitar que los ciudadanos reclamen transparencia en la construcción de la planta».
De su lado, el exdiputado y excandidato a la alcaldía de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que «impedir la entrada a Punta Catalina es una violación a la Constitución, que permite la libertad de tránsito de las personas».
«Queremos marchar hacia las instalaciones del proyecto para leer un manifestó en relación a los contratos de esa obra», expresó.
En ese sentido, exigió al procurador general de la República que ordene una investigación penal del proceso de licitación de los contratos de la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina.
Alega que en el proceso hubo «irregularidades y actos de corrupción».
Demandó, asimismo, la suspensión del contrato otorgado a la empresa de capital brasileño ODEBRECHT.
“Queremos la salida de esta empresa del país y que pare la construcción de Punta Catalina, ya que representa el cuerpo del delito», manifestó.
Cuestionan acuerdo
Marcha Verde volvió a cuestionar el acuerdo logrado entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, a través del cual la multinacional se comprometió a pagar 184 millones de dólares al Estado, el doble de lo que admitió haber entregado como soborno.
Odebrecht es objeto de investigación en República Dominicana por los sobornos que admitió haber pagado para acceder a obras públicas en el país por valor de 92 millones de dólares.
Por el caso fueron imputadas 14 personas, entre ellas el ahora exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista, ambos en libertad condicional bajo fianza desde el pasado 11 de julio tras un mes en prisión preventiva.
En prisión se encuentran el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos, y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, un importante dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El resto de involucrados tiene impuestas distintas medidas de coerción, mientras las autoridades se concentran ahora en ampliar las investigaciones, que deberán concluir en unos seis meses, según la decisión del juez a cargo.
