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VIENA, AUSTRIA.- Con el objetivo de examinar a profundidad las graves inquietudes de los países respecto del sistema de solución de controversias entre inversionistas y estados, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) representó al país en la última sesión de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
La subdirectora de la Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales Internacionales (DICOEX), Leidylin Contreras, participó en el trigésimo sexto período de sesiones del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI, realizado del 29 de octubre al 2 de noviembre en Viena, Austria, de acuerdo con una nota de la Dirección de Comunicaciones del MICM.
La CNUDMI es el principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional para modernizar y armonizar las reglas del comercio internacional.
Según Contreras, las decisiones arbitrales enfrentan “inconsistencias injustificables”, materia en la cual el país ha transitado “por procesos innecesariamente alargados con significativas dilaciones para la emisión del laudo arbitral y cuyo retraso, y por la naturaleza del caso y el sector envuelto, ha representado importante pérdidas diarias para el Estado”, afirmó.
Durante su intervención expuso la preocupación de República Dominicana por la onerosidad y tardanza de los procesos, los conflictos que enfrentan los países en materia de garantías de cobro de las costas y la dificultad para los estados de recuperar los gastos de defensa una vez ganan un proceso, lo cual no ocurre en los casos que gana el inversionista.
“Algunas instituciones llevan iniciativas dirigidas a trabajar estas preocupaciones, pero estos aspectos deben verse a nivel multilateral y como un tema transversal de la institución arbitral”, manifestó.
Explicó que los principales problemas están vinculados a la duración y costos de los procesos, las situaciones respecto del nombramiento de los árbitros y la falta de independencia e imparcialidad de éstos, en muchos casos; también se cuestionan los límites de los mecanismos actuales de recusación y se ha planteado la posibilidad de creación de un código de ética para árbitros, entre otros.