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BUENOS AIRES.- La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) deberá volver a los tribunales el 20 de octubre. Un juez federal argentino la citó a declarar ese día por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas al empresario kirchnerista Lázaro Báez, en prisión desde hace cinco meses. Además, el magistrado Julián Ercolini ordenó la inhibición de todos sus bienes.
El juez ve indicios de que existió un plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz y beneficiar con ellas a la constructora Austral, propiedad de Báez. Para corroborar las sospechas, tomará también declaración a otros 16 imputados, entre ellos varios altos cargos kirchneristas y el propio Báez. El empresario, estrecho colaborador del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) pasó de ser un cajero de banco a controlar gran parte del negocio de la construcción santacruceño en una década. Según una estimación preliminar del Tribunal Nacional de Tasación acumuló bienes por al menos 745 millones de pesos (53 millones de dólares). Actualmente se encuentra detenido por supuesto lavado de dinero.
Según los argumentos de la Fiscalía, entre Fernández de Kirchner y Báez hubo negociaciones irregulares en las que ella, desde el cargo máximo del poder político, le otorgaba al empresario los mejores y más caros proyectos, convalidaba los sobreprecios y el incumplimiento de los contratos, y, a cambio, el empresario le pagaba precios por encima del mercado por la concesión de sus hoteles. En el escrito presentado ante Ercolini, los fiscales consideran que existió un «plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial».
Será la segunda vez que Fernández de Kirchner deba concurrir a los tribunales para declarar desde que dejó la Presidencia el pasado diciembre. La primera fue el pasado abril, cuando la exmandataria tuvo que presentarse ante el juez Claudio Bonadío -el más enemistado con el kirchnerismo- por la que causa que investiga presuntas irregularidades en los contratos de dólar futuro operados por el Banco Central (BCRA) al final de su mandato. Un mes después, Bonadío la procesó.