Accidentes de tránsito: un verdadero dolor de cabeza nacional

2,400 dominicanos muertos y 25,000 lesionados y discapacitados a un costo de 60,000 millones por año, es el saldo anual del caos, del hacinamiento y del desorden que las autoridades no han podido enfrentar. 

Este saldo en términos de vidas humanas útiles, y de su enorme costo económico, fue revelado por Osiris Mota, vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, al ponerle número a una tragedia nacional, que nos mantiene en una posición vergonzante ante la comunidad internacional.

El experto lamentó “el desorden descomunal que hay en el tránsito”. Al recordar que somos el país en el mundo con la más alta siniestralidad, resaltó la cantidad de vehículos que importamos cada año en relación al número limitado que es retirado por no reunir los requisitos técnicos mínimos aceptables.

Una idea de la gravedad de este problema, es el hecho de que los 60,000 millones estimados en atención médica por accidentes de tránsito, superan con creces la asignación presupuestaria a los centros públicos de salud, y al gasto de bolsillo anual en atención médica de los dominicanos.

De ese desequilibrio se deriva un resultado absolutamente inquietante: la existencia de casi 14 vehículos por kilómetro cuadrado, una relación muy por encima de 8 que es la media de América Latina, como resultado de las deficiencias del transporte colectivo.  “Sólo el 40% del parque vehicular tiene seguros de vehículos, por lo que los accidentados terminan recibiendo asistencia médica en los hospitales públicos”.

La Ley 87-01 que creó el SDSS dispone la creación del Fondo Nacional para la Atención Médica por Accidente de Tránsito (FONAMAT), bajo la premisa de que el costo de la atención médica, así como de la rehabilitación, debe estar a cargo exclusivo de los causahabientes. Pero las autoridades han obviado este mandato legal, como muchos otros.

La afiliación de los motoconchistas

Osiris Mota confirmó que de cada 100 accidentes que ocurren 78 involucran a motoristas, no sólo por su proliferación sino, además, por la imprudencia y violación constante de la Ley de Tránsito, dato que concuerda con los reportes de los médicos traumatólogos que viven día a día esta tragedia nacional.

El libertinaje en el tránsito y la permisibilidad de las autoridades explican que, alrededor de las dos terceras partes, carezca de placas y de un seguro de vehículo y que, una buena parte, transite en motores en mal estado, aunque ha mejorado el uso del casco.

Muy a pesar de estos resultados catastróficos, predomina la falta de voluntad y la informalidad a tal grado que las autoridades no cuentan con ningún registro actualizado de la cantidad de vehículos de motor que opera fuera de la Ley, ni saben quiénes son sus conductores ni si tienen licencia vigente para conducir.

No obstante, las autoridades pretenden que estos informales se afilien obligatoriamente al régimen contributivo, como una forma de evadir la responsabilidad legal de aportar para su protección social, lo cual augura un fracaso total ya que son trabajadores no identificados y que sobreviven en un mercado informal en su versión más primitiva.

Obviamente, si no pagan un seguro de vehículo, anual y de bajo costo, mucho menores resultados podrán esperarse de la afiliación obligatoria a un seguro de salud, pagado mensualmente el 100% del aporte, como pretenden las autoridades, mientras puedan acudir gratuitamente a un hospital público.

A pesar de este caos y desorden mayúsculo, las autoridades competentes continúan haciendo más de lo mismo, sin plantear soluciones efectivas para contener esta epidemia ya endémica, un verdadero dolor de cabeza nacional. Todavía hay tiempo para cambiar el rumbo.

jpm