El jefe negociador convocó a los medios para ampliar los detalles del cese temporal de los bombardeos, que no impide otro tipo de ofensivas militares contra la guerrilla y que podrá prorrogarse si, transcurridos 30 días, se obtienen resultados satisfactorios.
La suspensión se decidió, según explicó el presidente, tras reconocer que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) «vienen cumpliendo» el alto el fuego unilateral e indefinido que iniciaron el pasado 20 de diciembre, aunque se seguirán realizando operaciones en su contra.
«No es un cese (el fuego) bilateral disfrazado», reiteró hoy el jefe negociador en respuesta a las críticas emitidas minutos antes por el procurador general, Alejandro Ordóñez.
El procurador es uno de los críticos de la suspensión de los bombardeos, que generó en Colombia una mezcla de dudas y aplausos y que llega tras más de dos años de negociaciones en La Habana con el objetivo de reducir la intensidad del conflicto armado.
En este sentido, destacó la reacción de la Defensoría del Pueblo, que consideró la decisión del Gobierno «un paso adelante para contribuir» a la disminución de la confrontación.
Por su parte, el partido progresista Alianza Verde dijo que el gesto «ratifica la victoria del diálogo sobre la confrontación» y demuestra que la negociación «entró en una etapa definitiva de acuerdo».
Y el legislador oficialista Roy Barreras, copresidente de la Comisión de Paz del Senado calificó de «audaz y necesario» el cese de los bombardeos contra las FARC.
De la Calle destacó en su intervención que esta medida puede tener consecuencias sobre la localización de los guerrilleros que se desplazan, entre otras cosas, para evitar ser bombardeados.
«Las FARC ejercen ahora una actividad mucho más dirigida hacia la movilidad pero precisamente uno de los elementos interesantes de una acción de esta naturaleza es fomentar el proceso de ‘campamentación’ de las FARC, reunión en campamentos que permita un mayor control», explicó.
Sin embargo, no fue claro al explicar cómo diferenciarían los campamentos de las FARC de los del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla de Colombia, presentes simultáneamente en muchos territorios del país.
Al respecto, el jefe negociador recordó que actualmente las FARC mantienen un alto el fuego unilateral e indefinido, pero que en caso de se llegaran a presentar acciones conjuntas con el ELN la fuerza pública «actuará de inmediato».
Y subrayó que durante su declaración, Santos anunció que ha ordenado intensificar las acciones militares contra los llamados «elenos».
De la Calle añadió que espera que durante el próximo ciclo de negociaciones, que comenzará el 17 de marzo, ambas partes tomen nuevas medidas para «impulsar otros gestos de desescalamiento» del conflicto armado, que se prolonga en el país desde hace más de 50 años.
El jefe negociador también aportó claridad sobre la «estrategia integral focalizada» que Santos ordenó poner en marcha para combatir a las bandas criminales, donde se encuentran «los residuos del viejo paramilitarismo» que sembró el terror en los años 80, 90 y buena parte de la década del 2000 en Colombia.
Para enfrentar a estos grupos, denunciados el martes por indígenas, afrodescendientes y campesinos colombianos que aseguran ser perseguidos por defender los derechos humanos, se pondrá en marcha una «vigorosa y renovada» política que modifica algunos aspectos del actual plan de lucha contra las bandas.
jt/am

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