Durante este encuentro, los equipos negociadores del Gobierno cubano y de la UE tienen previsto seguir con sus intercambios en todas las áreas de un futuro acuerdo, que incluyen el diálogo político, la cooperación y el diálogo sobre políticas, así como el comercio.
Esta tercera reunión será la primera que celebren desde que los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos anunciaron el 17 de diciembre pasado el deshielo diplomático de sus relaciones y el inicio de un proceso de normalización tras permanecer interrumpidas por más de medio siglo.
En principio, el tercer encuentro Cuba-UE estaba previsto para los días 8 y 9 de enero, pero el pasado 9 de diciembre, la delegación diplomática comunitaria en la capital cubana anunció que se posponía, a solicitud de las autoridades de la isla.
Según dijo en noviembre el embajador del bloque comunitario en La Habana, Herman Portocarero, las dos primeras rondas se centraron en asuntos de cooperación, mientras que en la próxima se centrará en asuntos más políticos, relacionados con los derechos humanos y la sociedad civil.
La UE y el Gobierno de La Habana retoman sus conversaciones los próximos dos días para seguir examinando la parte de cooperación, según dijo una fuente del bloque en Bruselas, y además ve la posibilidad de que se puedan cerrar temas que quedaron abiertos en la anterior ronda.
Precisaron que buscan lograr un «acuerdo marco para el diálogo, cooperación e intercambios, incluyendo la gobernanza y los derechos humanos» y aclararon que no se están negociando «medidas específicas en esas áreas».
Para los europeos, el objetivo del acuerdo con Cuba es profundizar sus relaciones con La Habana, acompañar las reformas emprendidas por la isla y fomentar mayor respeto por los derechos humanos en el país.
La UE y Cuba -el único país de América Latina con el que el bloque no tiene un tratado bilateral- abrieron estas negociaciones en La Habana en abril de 2014 con el apartado de cooperación como centro y celebraron una segunda ronda de conversaciones en agosto en Bruselas.
La UE aplica a Cuba desde 1996 la llamada «posición común», una política restrictiva que condiciona las relaciones con la isla a avances democráticos y en materia de derechos humanos.

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