Por ROSEL FERNANDEZ
Es verdad que estamos en la quinta ola del COVID-19 causada por la variante Ómicron, que ha despertado de nuevo las altas estadísticas de infección y de reinfección en muchos países y en el nuestro, debido en parte a las características del virus que supera en transmisibilidad a la variante anterior al tener mayor capacidad de multiplicarse y la gran ventaja de menor tasa de letalidad o capacidad de provocar muerte entre los afectados, pero que ha creado una crisis en los servicios y respuestas.
También es verdad que la población está muy relajada frente a las medidas de bioseguridad y que solo fueron asumidas cuando llegó este problema sanitario al país al ser emitidas por decreto y bajo vigilancia estricta de las instituciones responsables.
En el marco de este panorama, y el inicio del año, surge el conflicto frente a esta nueva ola del COVID- 19, sobre la modalidad de la docencia en las escuelas públicas.
Estamos de acuerdo con la docencia presencial en esos planteles, siempre y cuando las condiciones de la infraestructuras, capacidad física instalada, la logística de higiene y el personal de apoyo, sean intervenidos y algunas que otras medidas que cumplan con las exigencias de las normas sanitarias establecidas.
Además, debe haber una inducción obligatoria y evaluada a todos los estudiantes, padres y /o tutores sobre el comportamiento sanitario para evitar el contagio.
Los docentes de nuestras escuelas a nivel nacional, históricamente constituyen el recurso humano más sacrificado, al ser responsables de la formación académica y hasta disciplinaria de millones de niños y jóvenes de la sociedad, a un precio que representa el sacrificio de su tiempo, de su salud y hasta el bienestar de su vida.
Es oportuno mediar entre ambas partes, en su justa dimensión, sin pasión política, pero que arroje luz y solución a esta discusión, por el beneficio de los estudiantes y también de los docentes.
jpm-am


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