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Puerto Príncipe, 13 ene.- El proyecto de cambio de Constitución impulsado por el gobierno de Haití, y que debe ser llevado a las urnas el 25 de abril próximo, continúa generando críticas de varios sectores del país.
Además de la oposición, figuras cercanas al presidente Jovenel Moise rechazaron la iniciativa, la que aseguran no emana del pueblo sino de las élites políticas e intelectuales.
«No tenemos un problema constitucional. Nuestro problema es que nos negamos a someternos a la ley», dijo el exparlamentario Rolphe Papillon, y lamentó que muchas cartas magnas no se aplicaron porque no fueron suficientes para los haitianos.
En total, la pequeña nación caribeña aprobó 22 constituciones desde su independencia en 1804, y cada una se dejó de lado por considerarla inaplicable, deploró.
Para el político, la herencia colonial podría explicar la relación de los ciudadanos con el Estado, sin embargo una nueva carta magna no resolverá por sí misma los problemas del país.
Papillon aboga por enmendar la ley madre vigente, lo que permitirá preservar los logros democráticos de 1946 y 1987.
Una nueva Constitución no es necesariamente sinónimo de progreso, señaló. Recordó, además los 13 años de guerra civil que provocó la carta magna de 1806, y otros tantos en 1847 y 1867.
Según el anuncio del Consejo Electoral Provisional, los haitianos tendrán derecho a aprobar o vetar la nueva carta magna el 25 de abril. Entre los principales cambios figura el regreso a un régimen presidencial, la abolición del Senado y la reducción del número de parlamentarios.
El exlegislador estima que esta disminución de la cifra de representantes del pueblo es una idea peligrosa y retrógrada que ataca directamente a uno de los logros constitucionales. «No podemos retroceder con el pretexto de la economía, puedes reducir el gasto, no el número de diputados», argumentó.
Pese a las críticas, Haití se encamina hacia su 23 ley de leyes, en un contexto sociopolítico en crisis y con un deterioro vertiginoso del clima de seguridad.
La oposición, por su parte, presiona para la renuncia del jefe de Estado con convocatorias a masivas movilizaciones, y tiene entre sus planes un gobierno transitorio capaz de estabilizar el país y promover los cambios que requiere la ley fundamental.
of-am