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Puerto Príncipe, 8 ene.- Un nuevo decreto regulariza el papel del Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití en el proceso de referéndum sobre la nueva Constitución, aún blanco de numerosas críticas.
El texto firmado por el presidente Jovenel Moise establece que el CEP se encargará de la planificación, organización y seguimiento del referéndum constitucional, así como de la publicación de sus resultados en todo el territorio nacional. También prepara el presupuesto y dispone del código de ética para el ejercicio.
La ordenanza detalla que todos los ciudadanos con identificación tienen derecho al voto secreto y libre, incluidos los miembros de la diáspora. La estructura determinará las condiciones previas necesarias en los países donde se realice esta votación, de acuerdo con el artículo 14.
En cuanto a la publicación de los resultados, el CEP los trasmitirá sin demora al presidente de la República para su divulgación en el diario oficial Le Monitor, y estos no podrán ser objeto de ninguna impugnación u objeción.
Además prevé sanciones para quienes utilicen los muros exteriores o monumentos con fines de campaña sobre el referéndum o insulte al un funcionario del CEP en el desempeño de sus funciones.
Mientras el mandatario avanza en su proyecto de reforma, que ahora recibe apoyo de Naciones Unidas y la OEA, se multiplican las críticas de partidos opositores y plataformas de la sociedad civil.
Muchas de estas estructuras deploran la falta de legitimidad del jefe de Estado para emprender el proceso y señalan que los cambios beneficiarán al partido gobernante, en el poder desde 2011 interrumpido por un breve gobierno transitorio en 2016.
Recientemente, la conocida Dirección de la Oposición Democrática reiteró la urgencia de una administración temporal que encauce los destinos de la nación, y cuentan con que la población los respalde como a finales de 2019 que protagonizaron masivas protestas y bloquearon el país.
Esta franja se niega a participar en comicios organizados por el gobierno actual y convoca a una serie de protestas para obligar la renuncia del mandatario en febrero próximo, lo que podría desencadenar una nueva crisis política, temen expertos.
of-am