Cuando la pandemia que nos azota pase a la historia, alguien analizará sucintamente sobre el genocidio que generó el flagelo del coronavirus por un partido querer perpetuarse en el poder, y la insistencia de la oposición política, por destronarlo.
Pero, también se evaluará si las autoridades de la Junta Central Electoral (JCE), fueron flojas y sumidas o si por el contrario era necesario realizar, apresuradamente, elecciones presidenciales y congresuales para terminar con el hartazgo de lo repetitivo de un gobierno, y evitar peligrosas confrontaciones.
Lo cierto es que, hasta ahora, tras las aglomeraciones de gente votando e incrementarse el virus, nadie ha reparado en cuanto a quién o quiénes tienen alguna responsabilidad por la secuela de muchos muertos provocados por el tumulto del sufragio, ganado por el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Lo irónico de estos acontecimientos es determinar si realmente valió la pena que el pueblo votara, con unos resultados que culminaron con un cambio de gobierno. Habría que valorar si se justificó otro cambio: votos por muertos.
Y ese análisis, para justificar el deceso de infelices como consecuencia del COVID-19, tendría que basarse en si realmente el gobierno encabezado por el candidato presidencial ganador, Luis Abinader, impartió o imparte justicia; conjura la corrupción, y en consecuencia; nos legará más bienestar social y equidad, en los diversos estratos sociales.
Estamos convencidos de que, como quiera, aún posponiéndolas, el PRM ganaría estas elecciones.
De ahí, que es comprensible determinar si fue justo que el pueblo se arriesgara en un certamen donde sólo hubo un muerto, y la abstención del 45 % de los votantes.
Si es así, entonces habría de deducirse que nuestros dirigentes colocan sus ambiciones políticas por encima de las fatalidades que afectan a los dominicanos, lo que parece justificarse. Porque, tal parece, siempre estarán dispuestos a sacrificar hasta su propia existencia, por defenestrar un gobierno.
JPM

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