Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
SIP ve libertad prensa está en situación crítica en hemisferio
Turismo RD atento impacto de guerra Irán alza combustibles
La gasolina, el diésel y GLP no sufrirán variación en sus precios
Navarrete está militarizado en medio de paro por 24 horas
RD, Costa Rica y Ecuador piden liberar buque que incautó Irán
EU pone en marcha protocolo restituir pelotón fusilamiento
OMSA relanzará este domingo corredor de la 27 de Febrero
Ve urgente combatir bandas en Haití con efectivos entrenados
Confirman irregularidades en consultorio del doctor Fadul
Se cumple el 61 aniversario del inicio de la guerra de abril 1965
SANTO DOMINGO.- La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó este lunes la medida de coerción que dispone prisión preventiva contra tres empresarios acusados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de defraudación fiscal y elaboración y comercialización clandestina de bebidas alcohólicas.
Los magistrados Doris Pujols Ortíz, Ramona Rodríguez López y Rafael Báez García fallaron de esa manera ante un recurso de apelación presentado por José Antonio Barceló Larocca, Robert Alexander Dupuy Barceló y Michael Dupuy Barceló, arrestados a finales del año pasado.
Los jueces consideraron que los elementos de arraigo que habían presentado los imputados, así como su posición económica y social, no eran suficientes para eliminar la situación de peligro de fuga.
Indicaron que el riesgo de fuga se desprende de la gravedad de las imputaciones y la necesidad de proteger la investigación y la prueba, como el manejo de alrededor de RD$1,600 millones por cuatro empleados, quienes devengan en las empresas de los imputados salarios de entre RD$15,000 y RD$30,000.
Los magistrados resaltaron que el peligro para las pruebas se evidenciaba incluso por el hecho de que fueron cerradas por lo menos dos de las cuentas bancarias a nombre de empleados, luego de iniciada la investigación del Ministerio Público.
jt/am