Nunca entenderé cómo un Gobierno es capaz de mantener una posición dual y claramente entreguista como la que manifiesta la administración del presidente Danilo Medina respecto de la situación en Venezuela.
La dualidad es irresponsabilidad en cualquier circunstancia, tanto más si se trata de cuestiones en las que están de por medio principios elementales de respeto a la autodeterminación de los países.
Es el caso de la República Dominicana, cuyo Gobierno viene resbalando sistemáticamente en la toma de una decisión firme en cualquier dirección.
El más reciente traspié lo ha dado al sumarse a un engendro llamado Grupo de Lima para utilizar una entelequia denominada TIAR para tratar de amedrentar al Gobierno bolivariano con el sambenito de las sanciones a sus funcionarios por corrupción.
Y lo hace justo en el momento en que se da a conocer un reporte que nos encasilla en los primeros lugares de las naciones más corruptas de América Latina, una calificación con la cual no estoy totalmente de acuerdo, pues no es verdad que los funcionarios dominicanos pueden ser más deshonestos que los hondureños, brasileños, guatemaltecos, mexicanos y peruanos, para citar algunos
¿De qué corrupción estamos hablando, entonces, si aparecemos en el penoso catálogo de los más corruptos? No lo entiendo.
Nuestro Gobierno debió desde el principio poner distancia del conflicto venezolano como lo hicieron México y Uruguay, o sumarse al equilibrio de fuerzas que en la Organización de los Estados Americanos (OEA) han adoptado varios países del CARICOM, cuya actitud responsable y no sumisa ha impedido que el señor Luis Almagro se haya salido con las suyas.
A uno como dominicano le resulta hasta cierto punto vergonzoso que su Gobierno tire al río los principios que han hecho de nuestro país un espacio de respeto en el concierto internacional, para venir a hacer causa común con un sujeto al que se le han evidenciado estos días vinculaciones con un temible y sanguinario grupo narco-paramilitar colombiano conocido como «Los Rastrojos».
¿Cómo afectar vínculos de décadas para sumarse al apoyo de un charlatán que sin ninguna base se autoproclama en una plaza como «presidente» de una nación. Cómo respaldar a un individuo que se asocia a un grupo de alta peligrosidad criminal que hasta opera su propio centro de descuartizar personas?
Si Colombia quiere cubrirse los ojos para evadirse ante el hecho de apoyar esos grupos criminales y de paso permite que el autoproclamado utilice sus servicios sin sonrojar a la llamada comunidad internacional, que lo haga el Gobierno colombiano, pero nosotros no.
En definitiva, si alguien en el Gobierno me lo explica bien trataría de entenderlo, pero es difícil, pues su actitud es tanto inexplicable como inentendible.

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