Médicos y colectivos de RD piden se acoja sin demora observación aborto

En un escrito que entregaron en el Congreso Nacional  luego de una manifestación frente a la sede de este organismo, los convocantes aseguran que la penalización absoluta del aborto «anula» los derechos fundamentales de la mujer, «menoscaba» su dignidad y su integridad, y la reduce a «simple incubadora carente de derecho y autonomía», para tomar decisiones sobre su salud y su vida.

«Obligar a una mujer a llevar a término un embarazo forzado, fruto del crimen de la violación sexual, es un acto de tortura, cruel, inhumano y degradante que afecta su dignidad humana, el derecho a la libertad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, derechos que están resguardados por nuestra Constitución», señalan.

A su vez, aseguran que como médicos viven a diario el drama humano que significa para una familia cuando la salud o la vida de la embarazada están en juego.

«Frente a las salas de urgencias, frente al quirófano, evangélicas, católicas, creyentes y no creyentes, su petición más contundente es ‘doctor, sálvele la vida, garantícele la salud por encima de todo’. Entonces nos preguntamos, ¿y de dónde viene esta doble moral?»,agregan

Además indican que en el centro de salud se les pide a los efectivos médicos que se les salve la vida, pero en el Congreso y en los púlpitos piden 10 años de cárceles y 30, si es que la mujer no sobrevive.

La penalización del aborto sin excepciones, se traduce en un grave problema de salud pública, porque lejos de contribuir a reducir la alarmante tasa de mortalidad materna que presenta el país, profundiza esta situación al obstaculizar la intervención oportuna y eficaz del personal de salud en esos casos extremos y evitar la muerte de más mujeres, consideran.

Por último, muestran su esperanza en que el Congreso Nacional base su decisión en apego al Estado Social y Democrático de Derecho, garante de los derechos humanos de toda la ciudadanía y «respetuoso de la libertad de cultos, de conciencia y de religión».

«Esperamos que se establezca un párrafo que especifique de manera clara y precisa que no será punible la interrupción del embarazo cuando sea practicada por personal médico especializado, en centros o establecimientos de salud, públicos o privados, cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión o feto presente malformaciones incompatibles con la vida», agregan.

Por último, recuerdan que se mantendrán «vigilantes» y esperan que el Congreso Nacional acoja de «manera positiva» la Observación Presidencial y decida «a favor» de la salud, la vida y los derechos de las mujeres en consonancia con nuestra Constitución, con los compromisos internacionales y en respeto a la voluntad ciudadana. EFE