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Ginebra, 30 ene (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó hoy a República Dominicana que mejore las garantías de los inmigrantes haitianos y tome medidas para reducir la violencia de género, en la revisión a la que el Gobierno del país caribeño fue sometido en la reunión de este organismo en Ginebra.
Delegaciones de cada Estado miembro de la ONU lanzaron una por una sus recomendaciones a la representación dominicana, liderada por el asesor legal de la presidencia, Flavio Darío Espinal, y entre las sugerencias destacó la mención a casos de discriminación racial contra inmigrantes procedentes de Haití.
Australia, por ejemplo, mencionó que la falta de progresos del Gobierno dominicano mantiene en un limbo legal a 92.000 personas, en particular de origen haitiano, y EEUU pidió que se detuviera la «deportación de residentes legales».
La propia Haití pidió una mayor colaboración entre los dos países vecinos en resolver los casos de «expulsiones arbitrarias de trabajadores», y éste y otros países solicitaron a la parte dominicana que en este sentido ratifique la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.
Algunos Estados también mostraron preocupación por los altos índices de violencia de género por lo que pidieron la puesta en marcha de legislación que reduzca la discriminación por razón de sexo y orientación sexual.
Frente a todo ello, Espinal afirmó en su intervención inicial que la República Dominicana «avanza en un contexto de estabilidad política, crecimiento económico sostenido e implementación de políticas sociales en beneficio de los más pobres y necesitados».
Tras haber sufrido entre 1930 y 1961 «una de las mas brutales dictaduras que haya conocido América Latina en todos los tiempos» el país progresa desde hace 40 años hacia «un sistema democrático basado en el pluralismo político, la competencia electoral y el respeto de los derechos civiles», añadió.
Espinal, asesor legal para el presidente Danilo Medina, citó como avances para su país la reforma de la política penitenciaria con el fin de lograr «la transformación de un modelo obsoleto a un trato digno a las personas privadas de libertad», aunque admitió que algunas cárceles aún responden al «viejo modelo».
El jefe de la delegación dominicana recordó que la reciente ley de partidos políticos incrementó la participación de la mujer en estas formaciones desde el 33 al 40 %, y en materia migratoria señaló la colaboración de su ejecutivo con instituciones como la Organización Internacional para las Migraciones o la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En este sentido, señaló, se elaboró un plan nacional de regulación de extranjeros por el que durante 18 meses se suspendieron las deportaciones y del que se beneficiaron 250.000 extranjeros (gran parte de ellos de origen haitiano) obteniendo estatus legal para vivir y trabajar en la República Dominicana.
La ministra de la Mujer, Janet Camilo, también participó en la revisión, tercera a la que es sometida la República Dominicana ante el Consejo de Derechos Humanos. EFE