Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Es hora de regular el caos del micrófono
Ciudad Colonial aplicará plan piloto para reducir el tráfico
Dominicano Jerar Encarnación sobresale en el béisbol de Japón
DGDC ofreció más de 20 mil asistencias en zonas vulnerables
Santiago y el cementerio municipal de la calle 30 de marzo
Extraditan a Puerto Rico a un dominicano acusado narcotráfico y lavado
Las estrategias del PRM y el PLD (OPINION)
Consultas sobre aspirantes PLD serán 18 octubre en el exterior
Andrés Matos: dirigente comunitario
Fiesta del golf empresarial: este sábado es el Torneo de Adoexpo
Santo Domingo, 26 nov.- La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó hoy la prisión preventiva al coronel de la Fuerza Aérea Carlos Piccini Núñez, involucrado en el expediente del soborno que pagó en el país la empresa brasileña Embraer cuando vendió al Estado ocho aviones Super Tucano en 2008.
La defensa del imputado había solicitado el cese de la prisión preventiva como medida de coerción, bajo el argumento de éste lleva más de dos años en prisión preventiva pese a que el Código Penal establece un máximo de año y medio.
Por este caso también están señalados el exministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, el mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, y los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, quienes tienen impedimento de salida.
El pasado 30 de agosto, la juez Yanibet Rivas, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó la aplicación de un juicio penal abreviado contra Embraer y le impuso una multa de 7 millones de dólares por el pago de 3,5 millones de dólares en sobornos por la venta de los aviones Super Tucano.
Rivas confirmó así la culpabilidad de esa empresa, homologando un acuerdo entre la compañía y la Procuraduría General de la República (PGR), y le aplica la sanción económica máxima establecida por la Ley para el delito de soborno.
of-am
