Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Inspectores denuncian RD no cumple convenio 81 de la OIT 
La UDC pide reforzar acciones contra violencia en Dominicana
Leones contratan a lanzadores Jackson Rees y Reid VanScoter
Agarrense de las manos a Brasil 
Hieren dominicano combate con fuerzas rusas en Ucrania
NY: Arrestan a adolescente 16 años por muerte de dominicano
No queremos rey en el Consulado (OPINION)
El milagro del Santo Cerro (OPINION)
Hernández, Cordero y Valdez encabezan entrenamientos Licey
El debido proceso como eje del debate en apertura de congreso
SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional estableció que el Consejo del Poder Judicial se extralimitó en sus competencias al reglamentar las actuaciones del Ministerio Público en lo relativo a la ejecución de las decisiones judiciales.
El TC cuestionó una resolución de dicho Consejo que dispone la obligatoriedad de la fuerza pública para la ejecución de las sentencias que ordenen embargos, desalojos, expulsiones de lugares y otros actos análogos.
En ese sentido, determinó que el CPJ incurrió en una violación de los principios de legalidad, interdependencia y de actuación establecidos en la Constitución.
Aunque reconoció facultad al CPJ para establecer normas sobre el funcionamiento y organización de los alguaciles, el TC consideró que la resolución 17-2015 le impone una obligación al Ministerio Público, al disponer que toda sentencia consigne el auxilio de la fuerza pública para su ejecución.
Reiteró el precedente que fijó en la sentencia 110-13, en la que estableció que la ejecución de las sentencias no puede ser regulada mediante una resolución, sino que es competencia exclusiva del legislador.
Explicó que «se trata de dos poderes, el Legislativo y el Judicial, los cuales son independientes en el ejercicio de sus funciones, conforme al artículo 4 de la Constitución».
sp-am