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PANAMA (EFE).- El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), Donald Guerrero Ortiz, presentó ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), reunido en Panamá, los avances del país en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.
En un comunicado difundido por Hacienda, Guerrero planteó que en los últimos dos años se ha producido una transformación considerable del marco jurídico e institucional del país, que ha permitido reforzar todo el sistema antilavado y antiterrorismo con acciones concretas.
Entre las acciones ejecutadas citó, la implementación de un nuevo marco legal acorde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la asignación de recursos a entidades claves para el sistema, como la Unidad de Análisis Financiero, y la eliminación de acciones al portador, lo que contribuye de manera significativa a la transparencia corporativa.
Destacó que actualmente en el país «no hay obstáculo alguno para acceder a la información de beneficio final de las personas jurídicas», un paso trascendental en la lucha contra las acciones que procuran dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, la criminalidad organizada, el fraude, la corrupción, el terrorismo y su financiación.
«Hemos llegado hasta aquí gracias a un gran trabajo en equipo y un alto nivel de compromiso político, liderado por el presidente Danilo Medina, a todos los sectores, desde el ámbito público aquí representado hasta el ámbito privado», precisó Guerrero Ortiz.
Explicó que con el sector privado se han desarrollado importantes ejercicios de trabajo conjunto sobre la evaluación de riesgo, la estrategia y la implementación de los nuevos requerimientos, tanto de la ley como de las normativas.
Asimismo, mencionó el ambicioso programa de capacitaciones, talleres, mesas de trabajo, encuentros con gremios y medios de comunicación que lleva a cabo el Conclafit para dotar a los sujetos obligados y a la ciudadanía en general de los conocimientos necesarios para prevenir esos delitos.
«Este proceso, de más de 2 años, es un esfuerzo intensivo que ha comprometido a todo el país en una alianza público-privada, y que nos ha permitido conocer los riesgos y aplicar las medidas necesarias para mitigarlos», aseguró el funcionario.