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SANTO DOMINGO.- Organizaciones empresariales y de la sociedad civil solicitarán al Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que obligue a los partidos políticos a cumplir con esa ley y los incluya en la lista de «sujetos pasibles de castigo».
El Centro Juan XXIII, el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ, la Fundación Masada, Santiago Somos Todos, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo enviaron una carta al citado organismo y a la Junta Central Electoral (JCE) en la que explican que»es la propia ley 155-17 la que establece que el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados a quienes presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas para dichas actividades».
“El financiamiento político sin control es la puerta de entrada del lavado de activos condicionando su funcionamiento y capturando las estructuras del Estado, penetrándola para facilitar la actividad del narcotráfico y el crimen, deformando la competencia electoral, la representación y desmantelando el sistema democrático y los cimientos del Estado social democrático de derechos”, afirmaron.
En la misiva, firmada, además, por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana y el Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional, solicitan que el Comité dicte el reglamento para que los partidos y agrupaciones políticas «estén en la obligación de adoptar un programa de cumplimiento, políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de lavado de activos, implementar metodologías de gestión de riesgo, realizar el monitoreo y los procesos de debida diligencia, designar oficiales de cumplimiento y cumplir con las demás obligaciones que establece la ley».
Asimismo, piden medidas que «garanticen los controles necesarios para prevenir y controlar la penetración del crimen organizado en la actividad política».
