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MADRID (EFE).- La Audiencia Nacional española citó este miércoles a declarar como investigados a varios antiguos miembros del Gobierno de la región de Madrid a comienzos de la pasada década por el caso de la compra de Inassa, de la que el empresario dominicano Ángel Rondón ha sido señalado como socio estratégico en República Dominicana, según la prensa española.
De acuerdo al portal Europa Press, AAA Dominicana, la firma presidida por Rondón, y de la cual Inassa es accionista mayoritaria, “habría estado pagando periódicamente comisiones ilegales por valor, por ejemplo, de 440.000 ó 393.500 dólares, siempre relacionadas directamente con contratos públicos adjudicados y ejecutados” por la citada empresa.
En abril pasado saltó el llamado “caso Lezo” que supuso la detención de una docena de personas, entre ellas el expresidente de la región de Madrid Ignacio González (PP, centroderecha), que con anterioridad había presidido el Canal de Isabel II.
En 2001 el Canal adquirió Inassa, la convirtió en su filial y a través de ella llevó a cabo diferentes operaciones de compraventa de compañías en varios países latinoamericanos, como Brasil, Colombia, Panamá y la República Dominicana.
La Justicia sospecha que en algunos casos se pagaron precios inflados y varios directivos se repartieron el dinero.
Los detenidos – incluido González – han ido saliendo de prisión en estos meses tras el pago de abultadas fianzas y la imposición de medidas tendentes a evitar el riesgo de fuga y de destrucción de posibles pruebas.
Ahora el juez Diego de Egea ha citado a declarar en calidad de investigados en Lezo a varios antiguos consejeros del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón y al expresidente del Canal de Isabel II Pedro Calvo por su participación en la compra presuntamente fraudulenta de Inassa.
Ruiz-Gallardón presidió la Comunidad (región) de Madrid entre 1995 y 2003 y González lo hizo entre 2012 y 2015, después de haber dirigido el Canal desde 2003.
En un auto y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez De Egea acuerda citar a una veintena de investigados y a otros tantos testigos para aclarar las supuestas irregularidades en la compra de la filial colombiana del Canal de Isabel II.
Aparte de emplazar como investigados, entre el 10 y el 15 de enero, a exconsejeros madrileños, el magistrado también pide la identificación de los miembros del Gobierno regional que firmaron en 2001 el contrato de compra.
