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SANTO DOMINGO (EFE).- El movimiento Marcha Verde exigió la apertura de una investigación penal sobre el proceso de compra y uso de los equipos tecnológicos utilizados por la Junta Central Electoral (JCE) en el escrutinio y transmisión de los resultados de las elecciones generales de 2016.
De acuerdo con un informe de la JCE, la solución de equipos y servicios adquiridos a la española Indra para el escrutinio en las elecciones generales de mayo de 2016 «se definió como una caja negra en la cual no se permitió la participación de los técnicos calificados» de la Dirección de Informática del órgano electoral.
«Debido a lo anterior, se produjo el primer proceso electoral de la República Dominicana desde la fundación de la Junta Central Electoral, en el cual la JCE otorga el control del proceso a un tercero», agregó el informe de la entidad.
Según afirmó hoy Marcha Verde en un comunicado, el informe de la dirección de Informática de la JCE «pone en evidencia faltas graves en el proceso de contratación de los equipos, y serias violaciones de la Ley Electoral y del derecho del pueblo dominicano a elegir y ser elegido.»
Los equipos utilizados en las pasadas elecciones supusieron un desembolso de 39,7 millones de dólares.
Aunque el pleno de esa institución se reunirá para decidir los pasos a tomar al respecto, la decisión de la JCE dependerá de lo que diga la Cámara de Cuentas al auditar los equipos, así como los abogados y los técnicos de la propia institución.
Para Marcha Verde, si la empresa española Indra «entregó aparatos defectuosos y además controló absolutamente todo lo relacionado con el conteo y la transmisión de los votos, se estaría ante una suplantación de las funciones de la JCE como órgano administrativo del sistema electoral.»
«El informe técnico habla de un control ilegal del proceso de conteo de votos y transmisión de actas, así como la aparición de actas con serias irregularidades en su contenido», señala la nota del colectivo.
Esta situación, apuntan desde Marcha Verde, «cuestiona todo el sistema electoral dominicano y fortalece razonablemente» las dudas sobre «la legitimidad de la elección del presidente Danilo Medina y los actuales integrantes del Congreso Nacional y los ayuntamientos».
El movimiento opinó que si esta cuestión se deja pasar por alto «se estaría permitiendo la imposición del engaño, la contratación irregular de empresas extranjeras y el fraude» y los actuales miembros de la JCE «serán tan responsables del hecho como los anteriores.»
Además de Marcha Verde, otras voces, como la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, del Partido Revolucionario Moderno, plantean que el caso de los escáneres se lleve ante la justicia.
