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GUATEMALA.- Representantes de más de diez
países de América calificaron la corrupción como un mal universal y se
comprometieron a reforzar la aplicación de medidas para combatirla.
Esta posición fue fijada durante el Taller Regional Contra la Corrupción
realizado en Guatemala, en el que asistieron miembros del Pleno de la Cámara de
Cuentas de República Dominicana (CCRD) y varios funcionarios.
Participaron Pedro Ortiz, miembro secretario del pleno de la CCRD y
Alfredo Cruz Polanco, miembro. También asistieron el Contralor General de la
República, Rafael Germosen; la directora del PEPCA, Laura Guerrero Pellestier;
el director ejecutivo de la DIGEIG, Miguel Suazo y Ramón Dilepsio, diputado.
Pedro Ortiz, miembro secretario del Pleno de la CCRD, dijo que este
evento fue muy importante, debido a que autoridades dominicanas dieron a
conocer las medidas que adopta el actual Gobierno para prevenir y luchar contra
la corrupción. Asimismo fueron compartidas las iniciativas adoptadas por otros
países para enfrentar este mal.
Ortiz informó que dentro de los temas tratados se encuentran la
coordinación en la recepción y respuesta de denuncias entre distintas
instituciones, la protección de los denunciantes y testigos, coordinación en la
investigación de actos de corrupción y el uso de las tecnologías de la
información.
Mientras que Alfredo Cruz Polanco, miembro del Pleno del CCRD, indicó
que “este intercambio permitió medir y comparar nuestras experiencias conlos demás países y determinar si estamos
avanzando o permanecemos indiferentes en la lucha contra este flagelo que ha
sido calificado como un problema global».
Destacó que los representantes de los países participantes se
comprometieron en aplicar los conocimientos adquiridos en el taller en las
instituciones que dirigen, para combatir este mal universal.
El Taller Regional Contra la Corrupción fue patrocinado por el Banco
Mundial y la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico de
Guatemala.
Participaron contralores, fiscales, abogados, procuradores, directores
de direcciones de Ética Pública , miembros de sociedad civil, de Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica, Chile,
Argentina , Venezuela, Panamá , entre otros.