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PC: Destitución simple Diandino revela falta voluntad para perseguir corrupción
SANTO DOMINGO.- La destitución de Diandino Peña como director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) demuestra falta de voluntad política para perseguir la corrupción y una ausencia clara de mecanismos de control y fiscalización, a juicio de Rosalía Sosa Pérez, directora ejecutiva de Participación Ciudadana.
Asimismo, lamentó que la destitución haya ocurrido porque las «irregularidades que cometía dicho funcionario fueron divulgadas en un medio de comunicación».
«Lamentamos que el Gobierno ofrezca una respuesta mediática luego de que el tema se destapara en un medio de comunicación», afirmó.
Las supuestas irregularidades que le costaron el puesto a Peña fueron difundidas en el programa El Informe con Alicia Ortega.
Conforme una investigación periodística realizada por Ortega, Peña posee 29 empresas, muchas de ellas offshore, las cuales nunca reportó en su declaración jurada de bienes.
«Este caso, al igual que las destituciones de los directores de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), son una muestra más de que la destitución es un símbolo de impunidad, ya que es una práctica constante del gobierno central frente a denuncias y hechos evidentes de irregularidades de actos de corrupción, donde la salida en estos casos es la destitución, lo que se puede valorar como un premio», manifestó Sosa Pérez.
Dijo que «lo procedente y correcto en estos casos es que el presidente de la República actúe cónsono a lo expresado en sus diferentes intervenciones públicas de que no tolerará actos de corrupción».
Agregó que «esta ocasión, como en las pasadas destituciones, implica un reto más para la Procuraduría General de la República para que investigue y persiga, sin ninguna diferencia política partidaria, a todo funcionario público destituido frente a la alarmante y escandalosa violación de la Constitución y de las leyes».
«El Ministerio Público debe formular, en un plazo razonable, las acusaciones pertinentes, a fin de poner de una vez por todas término a la corrupción rampante que existe en la República Dominicana», puntualizó.
jt/am