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PANAMÁ: Orden de detención obliga a Martinelli a presentarse ante la Justicia
CIUDAD DE PANAMÁ.- El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), que lleva casi un año viviendo en EEUU, se enfrenta a una orden de detención provisional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá que reclama su presencia para llevarlo al estrado por supuestas escuchas ilegales durante su Gobierno.
La decisión, calificada como un precedente grave por la defensa del exmandatario y como histórica por víctimas de las escuchas que esperan se tramite pronto ante las autoridades norteamericanas, convierte a Martinelli en el primer expresidente de la historia democrática panameña en ser requerido por la Justicia.
La medida fue tomada por el pleno de la Corte tras una maratoniana audiencia de control, oral y pública, realizada dentro del nuevo Sistema Penal Acusatorio.
En la audiencia, que comenzó este lunes poco después de las 15.00 hora local (20.00 GMT) y finalizó cerca de las 22.40 hora local (03.40 GMT del martes) los magistrados debían decidir si autorizaban la detención de Martinelli, como solicitó el magistrado fiscal de la causa, Harry Díaz, y querellantes.
Díaz acusa a Martinelli de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y delitos contra la administración pública, que suman 21 años de cárcel.
En algo más de cinco horas el pleno de 9 magistrados de la CSJ deliberó y decidió la detención provisional, «con fundamento en la declaratoria de rebeldía en firme dictada el 11 de diciembre» pasado por el juez de garantías, Jerónimo Mejía, por no asistir a una audiencia a la que fue citado por las escuchas ilegales a más de 150 personas.
«Es notorio que la actitud asumida» por Martinelli «de sustraerse de la jurisdicción nacional (…) atenta contra el normal desarrollo del proceso que se le sigue» por el caso de las escuchas, argumentó el pleno, que autorizó al magistrado juez de garantías del caso, Jerónimo Mejía, para que ejecute la medida cautelar.
En opinión del pleno de magistrados, «existe una clara justificación para que el Estado agote las medidas procesales para que asegure la presencia ante los estrados nacionales» del expresidente, que se encuentra ahora en Estados Unidos, según sus abogados.