Un paso hacia fortalecimiento institucional del Poder Judicial

Fortalecer el Estado de derecho pasa necesariamente por contar con una justicia fuerte, independiente y capaz de tomar sus decisiones sin presiones. Eso comienza por escoger a profesionales con buena formación y experiencia, pero también con integridad, sentido de servicio y la entereza para aplicar la ley cuando hay intereses poderosos de por medio.

Un buen expediente académico dice mucho de la preparación de un juez, mientras que su trayectoria permite apreciar cómo ha ejercido la autoridad que la sociedad le confía.

La independencia judicial tiene consecuencias que se sienten fuera de los tribunales. Un empresario dominicano o extranjero se anima a invertir cuando sabe que un contrato se hará valer y que, si surge un conflicto, podrá acudir ante un juez imparcial.

Esa misma confianza la necesita una familia que reclama una herencia, un trabajador que exige el pago de sus prestaciones o una víctima que espera que su caso se resuelva. Cuando la ley se aplica con imparcialidad y a tiempo, hay menos espacio para la impunidad y más razones para resolver los conflictos por la vía institucional.

En esa dirección, a mi juicio, se inscribe la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el Presidente Luis Abinader, de escoger por unanimidad a Justiniano Montero Montero para presidir la Suprema Corte de Justicia.

Montero forma parte del alto tribunal desde abril de 2019, ha presidido su Primera Sala, que conoce asuntos civiles y comerciales, y en septiembre fue confirmado como juez por otros siete años tras una evaluación de desempeño. Su elección pone al frente de la Suprema a un magistrado que ha hecho su carrera dentro del Poder Judicial.

Me parece justo reconocerle al presidente Abinader el valor institucional de la decisión que tomó el Consejo bajo su conducción. La trayectoria judicial de Montero explica por sí sola su llegada a la presidencia de la Suprema y eso ayuda a generar confianza en un país donde, cada vez que se llena una vacante importante, la gente se pregunta cuánto pesaron los vínculos políticos.

La incorporación de seis nuevos jueces, en su mayoría procedentes de la carrera judicial, refuerza el valor que se le dio a la experiencia en los tribunales durante esta renovación.

Esa confianza inicial tendrá que ganarse en cada decisión, sobre todo en los casos que despiertan indignación y en los que afectan a personas con poder. Es comprensible que la gente reclame respuestas firmes frente al crimen y la delincuencia, pero el populismo judicial termina debilitando la justicia cuando se dicta una sentencia para satisfacer el ánimo del momento.

La obligación de un juez es escuchar a las partes, examinar las pruebas y explicar por qué decide de una manera determinada, incluso cuando su fallo resulte impopular. Esa firmeza vale tanto para condenar cuando la prueba lo permite como para absolver cuando la acusación carece de sustento.

También hay que mirar lo que ocurre en los tribunales a los que acude la gente todos los días. Para quien lleva años esperando que se resuelva un pleito, la fortaleza del Poder Judicial se mide en el tiempo que tarda en recibir una sentencia, en el trato que encuentra en el tribunal y en la posibilidad de que lo decidido se cumpla.

Sería mezquino regatearle mérito a un paso que fortalece la institucionalidad. Con la elección de Montero se reconoce el trabajo de quienes han dedicado su vida a la judicatura y se les da a los jueces que hoy sirven en cualquier rincón del país una razón para confiar en que su desempeño puede abrirles camino.

La mejor manera de honrar ese reconocimiento será que, cuando un dominicano acuda a un tribunal, pueda confiar en que su caso se decidirá con la misma independencia, tenga o no tenga influencias.

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