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República Dominicana tendrá que hacerse una pregunta que ya no puede seguir posponiendo: ¿por qué un dominicano que vive en el exterior tiene que superar más obstáculos para ejercer su derecho al voto que un ciudadano que vive dentro del país?
El voto por correo no debería verse solamente como una innovación tecnológica ni como una concesión a la diáspora. Debe analizarse como una posible herramienta para ampliar la participación electoral de cientos de miles de dominicanos que viven fuera del territorio nacional.
La discusión ya está sobre la mesa. En el Congreso se ha presentado una iniciativa para permitir que los dominicanos residentes en el exterior puedan votar por correo, precisamente porque muchos enfrentan dificultades laborales, geográficas y de tiempo para acudir personalmente a los centros de votación.
Pero una cosa es presentar un proyecto y otra muy distinta es construir un sistema electoral confiable.
El principal obstáculo es legal. La Constitución establece que el voto es personal, libre, directo y secreto. Además, la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece el marco bajo el cual se organizan las elecciones.
Por eso, el voto postal no puede simplemente aparecer mediante una resolución administrativa. Requeriría una modificación legal que determine con precisión: quién puede utilizarlo; cómo se solicita; cómo se identifica al elector; cómo se garantiza el secreto del voto; cómo se evita la duplicidad del sufragio; cuándo se recibe la boleta; cómo se transporta; cómo se custodia; cuándo se cuenta; cómo se audita; y cómo se resuelven las impugnaciones.
La confianza tendría que ser el centro del sistema.
La diáspora no puede seguir siendo un elector de segunda categoría. Durante años se ha hablado de la importancia económica de los dominicanos en el exterior. Las remesas son importantes. Los viajes son importantes. Las inversiones son importantes. Las relaciones familiares son importantes. Pero también lo es el derecho político de esa comunidad.
La JCE continúa trabajando con el voto dominicano en el exterior y recientemente ha estado preparando protocolos relacionados con ese proceso. El siguiente paso lógico del debate debería ser preguntarse si el sistema actual ofrece suficientes alternativas para que el dominicano que vive fuera pueda votar realmente.
Porque reconocer el derecho al voto y garantizar las condiciones materiales para ejercerlo son dos cosas diferentes.
JPM
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