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Santo Domingo. El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, afirmó que los 706 medios de prueba presentados durante la audiencia de medida de coerción de la Operación Cobra 2.0-A evidencian, según el órgano acusador, la fortaleza de la investigación contra una presunta red de corrupción vinculada al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Camacho declaró que al menos 13 de los imputados admitieron ante el tribunal los hechos que se les atribuyen. Explicó que algunos también han colaborado con las autoridades y mostrado arrepentimiento, por lo que el Ministerio Público solicitó para ellos arresto domiciliario, tomando en consideración su cooperación durante el proceso.
El director de Persecución sostuvo que las evidencias aportadas son suficientes para sustentar las medidas de coerción solicitadas y pidió al juez acoger los planteamientos del Ministerio Público.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), señaló que el caso no debe reducirse a los montos de dinero que presuntamente recibió cada imputado. Afirmó que el bien jurídico protegido en la investigación es el derecho fundamental a la salud.
Ortiz explicó además que parte de los recursos investigados habrían sido entregados en efectivo, por lo que no necesariamente todos los movimientos podrían ser rastreados mediante transacciones bancarias. Indicó que el Ministerio Público cuenta con otros elementos para establecer las vinculaciones entre los hechos y los imputados.
El juez Rigoberto Sena se reservó el fallo sobre las medidas de coerción para el domingo 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo para varios imputados. La acusación incluye presuntos delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Las autoridades sostienen que la investigación procura establecer un esquema mediante el cual se habrían distraído fondos públicos y buscan sanciones penales y el decomiso de los recursos presuntamente sustraídos al Estado dominicano.