La crisis de confianza: urgencia de una revolución cívica

La crisis más profunda que enfrenta hoy la República Dominicana no cabe en una estadística. Es una crisis de confianza y, en el fondo, una crisis de valores y principios. La confianza constituye una infraestructura invisible: permite que la palabra conserve valor, que las instituciones resulten creíbles y que los ciudadanos cooperen más allá de sus intereses inmediatos. Cuando se erosiona, toda la convivencia se encarece y se debilita.

Esa erosión se manifiesta cuando el mérito cede ante el privilegio, cuando la ley parece distinta según a quién se aplique y cuando justificamos en los nuestros aquello mismo que condenamos en el adversario. En ese punto, la ética deja de ser una brújula y se convierte en una coartada.

El problema no reside únicamente en las decisiones individuales. También importa el ecosistema institucional y cultural que premia, tolera, excusa o sanciona determinadas conductas. Una nación educa tanto por lo que enseña como por lo que recompensa.

Pero ése no es todo nuestro país.

La República se sostiene diariamente sobre una reserva moral que rara vez ocupa titulares: padres que cumplen, maestros que enseñan, trabajadores que honran su palabra, empresarios que progresan sin corromper, servidores públicos que cuidan lo que pertenece a todos y ciudadanos que hacen lo correcto aun cuando nadie los mira.

Sobre esos dominicanos debemos construir.

Refundar la patria no significa destruir lo existente, fundar otra República ni idealizar el pasado. No es nostalgia ni ruptura del orden constitucional. Es una renovación moral, cívica e institucional que recupera los fundamentos necesarios para avanzar: Dios, como reconocimiento de una dignidad humana superior a cualquier poder; Patria, como herencia y responsabilidad compartida; Libertad, inseparable de la responsabilidad; Constitución, como límite de la autoridad; y Deber, como puente entre principios y conducta.

La Constitución define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho. Esa definición no debe permanecer como una fórmula solemne. Es una promesa pendiente de plena realización: un Estado al servicio de la dignidad humana, con orden bajo la ley, justicia para todos, límites efectivos al poder e igualdad real de oportunidades.

Hacerla realidad exige instituciones capaces, pero también ciudadanos dispuestos a defenderlas, fiscalizarlas y exigir que funcionen.

A ocho años de su fundación, el Frente Cívico y Social sostiene que es urgente impulsar en la República Dominicana una Revolución Cívica: pacífica, democrática y constitucional. Una transformación que comience en la conciencia del ciudadano, se exprese en su conducta, se organice en las comunidades y contribuya a hacer efectivas las promesas de nuestra Constitución.

No una revolución contra personas, sino contra las prácticas que han normalizado la arbitrariedad, el clientelismo, la indiferencia y la doble moral.

No busca enemigos; busca responsabilidades. No promete un salvador, porque ningún hombre puede sustituir la responsabilidad de una nación.

La cultura del deber ocupa aquí un lugar decisivo. Los derechos fundamentales no dependen de que primero cumplamos un deber; nacen de nuestra dignidad y deben ser garantizados. Pero una sociedad necesita responsabilidades compartidas para hacer efectivos y sostenibles esos derechos.

El derecho limita al poder; el deber exige que quien lo ejerce actúe con honestidad. El derecho nos permite participar; el deber nos recuerda que la indiferencia también produce consecuencias.

La pregunta central no es únicamente qué nos deben o qué debe hacer el Gobierno. También debemos preguntarnos:

¿Qué me corresponde hacer a mí desde el lugar que ocupo y con las capacidades que tengo?

La respuesta comienza en cinco verbos: formarse, organizarse, servir, proponer y participar.

Participar significa intervenir todos los días en la vida pública. También implica defender el derecho constitucional a elegir y ser elegido, y prepararnos para llevar democráticamente nuestras propuestas a las instituciones cuando la ciudadanía lo decida y la vía jurídica lo permita.

La democracia no comienza el día de las elecciones, pero tampoco termina antes de llegar a las urnas.

Una persona puede iniciar una conversación. Una comunidad puede convertirla en acción. Y una nación puede cambiar cuando suficientes ciudadanos asumen la parte de responsabilidad que les corresponde.

La transformación que necesitamos no será obra de un libro, de un hombre ni de una organización.

Será obra de ciudadanos.