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Santo Domingo, 14 jul (Prensa Latina) Más de una treintena de mujeres y organizaciones de la sociedad civil dominicana presentaron hoy ante el Congreso una propuesta para que se incorpore la despenalización del aborto en tres causales durante la revisión del Código Penal.
La iniciativa plantea modificar los artículos 110 y 111 de la legislación para excluir de sanción penal la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer esté en riesgo, el feto presente una condición incompatible con la vida fuera del útero o la gestación sea consecuencia de una violación sexual o incesto.
Mary Fernández, una de las promotoras de la propuesta, sostuvo que la reforma busca evitar muertes maternas que, a su juicio, podrían prevenirse con un marco legal adecuado.
PROTEGE VIDA Y DIGNIDAD DE LA MUJER
Por su parte, Fabiola Medina afirmó que el planteamiento no contradice el artículo 37 de la Constitución, que reconoce el derecho a la vida desde la concepción.
Según explicó, la propuesta procura proteger también la vida y la dignidad de las mujeres en circunstancias excepcionales, por lo que consideró que el texto constitucional permite establecer ese tipo de excepciones.
Las organizaciones coincidieron en que la revisión del Código Penal representa una nueva oportunidad para debatir un tema que durante años ha dividido a la sociedad dominicana.
RESTA POSIBILIDAD DE INTRODUCIR DICHA REFORMA
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, restó posibilidades a que la despenalización del aborto vuelva a formar parte de la discusión legislativa al considerar que se trata de un asunto ampliamente debatido en procesos anteriores.
La comisión bicameral encargada de estudiar las modificaciones al Código Penal continúa recibiendo propuestas de instituciones, legisladores y ciudadanos antes de concluir el plazo establecido para presentar observaciones.
El retiro de sanciones penales en tres causales constituye uno de los temas más controvertidos del debate sobre la legislación penal y ha sido respaldado durante años por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, mientras sectores religiosos y grupos provida mantienen su oposición a cualquier flexibilización.
las/mpv
