AI y CIDH: ¿por qué RD sí y EE.UU. no?

La pregunta circula cada vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emite un informe crítico sobre República Dominicana: ¿por qué el país acepta su competencia y Estados Unidos no? La respuesta está en el derecho y en la política.

República Dominicana ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en 1999. Eso obliga al Estado a responder ante la CIDH y a acatar fallos de la Corte.

Estados Unidos firmó la Convención en 1977, pero nunca la ratificó. Sin ratificación, no hay jurisdicción. Washington solo está sujeto a la Declaración Americana de 1948 y a la CIDH como órgano de la OEA, sin efecto vinculante de la Corte. Puede ignorar recomendaciones sin violar un tratado.

SOBERANIA VS. SUPERVISION

República Dominicana asumió el sistema interamericano en un contexto de transición democrática post-1978. Integrarse al esquema regional daba legitimidad externa y contrapesos internos. Para EE.UU., aceptar un tribunal supranacional choca con la tradición de excepcionalismo jurídico y con la doctrina de que su Constitución y sus cortes bastan para proteger derechos.

Para un país mediano como República Dominicana, desconocer a la CIDH implica costo diplomático inmediato: presión de socios, riesgo de sanciones blandas y daño reputacional. Para EE.UU., ese costo es menor. Su peso geopolítico le permite marginarse del sistema sin consecuencias materiales.

LA DOBLE VARA

La asimetría se nota más en migración. La CIDH y Amnistía Internacional (AI) han sido rápidas para señalar a República Dominicana por deportaciones y políticas de nacionalidad. Sin embargo, frente a denuncias de abusos contra dominicanos en territorio estadounidense, la reacción ha sido distinta.

Entre 2018 y 2023, organizaciones como Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights y Dominicanos USA documentaron redadas de ICE en Nueva York y Massachusetts con detenciones sin orden judicial, separación familiar y deportaciones aceleradas de dominicanos. En Puerto Rico, el Comité Dominicano de Derechos Humanos y Espacios Abiertos denunciaron entre 2020 y 2024 casos de perfilamiento racial por parte de la Policía y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, además de demoras excesivas en procesos de asilo para dominicanos.

Sobre estos hechos no hubo comunicados públicos de la CIDH ni campañas de AI con la misma intensidad vista contra República Dominicana.

Esa disparidad alimenta la percepción de selectividad. El sistema interamericano litiga y presiona a República Dominicana, mientras a EE.UU. solo lo observa sin consecuencias. A República Dominicana se le exige, a EE.UU. se le comenta.

¿DEBE RD RETIRARSE?

Salir del sistema aislaría al país y eliminaría un canal usado por ciudadanos para reclamar frente al Estado. El problema no es la CIDH como mecanismo, sino la aplicación desigual y la ausencia de EE.UU. en el esquema vinculante. La región tendría más autoridad moral si todos los miembros, incluido el más poderoso, aceptaran las mismas reglas.

Mientras eso no ocurra, República Dominicana seguirá respondiendo “sí” porque está atada por tratados y por cálculo político. EE.UU. dice “no” porque puede. Esa es la diferencia entre soberanía jurídica y soberanía de poder.