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SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) dijo haber detectado actividades proselitistas a destiempo, pese a que la ley lo prohíbe y a que distraería a funcionarios públicos cuando deben enfrentar la amenaza de una crisis económica por el alza del petróleo.
Recordó que, según la ley, la precampaña para las elecciones generales de 2028 comenzará el primer domingo de julio de 2027 y concluirá con la escogencia de las candidaturas. La campaña electoral iniciará con la proclama de la Junta Central Electoral (JCE), a más tardar 70 días antes de los comicios. «Por lo tanto, cualquier acto proselitista a favor de aspirantes está prohibido hasta el 25 de julio de 2027», señaló la entidad en un documento.
Citó el comunicado de advertencia que publicó la JCE el 20 de febrero de 2025 ante amenazas similares de inicio anticipado de la precampaña.
ADVERTENCIA JCE
En ese documento, la JCE advirtió que “cualquier actividad proselitista, realizada antes de los plazos establecidos, está prohibida” y precisó que “esto incluye consultas previas o cualquier otra modalidad con el propósito de escoger o definir precandidaturas o candidaturas, así como anuncios públicos de aspiraciones a precandidaturas o candidaturas en cualquiera de los niveles de elección”.
SANCIONES
Participación Ciudadana recordó que el artículo 78, ordinal 8, de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece: “Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición”.
REGLAMENTO SOBRE ENCUESTAS
La JCE colocó en consulta pública un reglamento que prohíbe publicar encuestas electorales antes del inicio de la precampaña, para evitar que se usen como parte de la campaña a destiempo y proteger la equidad electoral.
PC anunció que se organizará para documentar actividades que puedan calificarse como precampaña o campaña anticipada, con el fin de informar a las autoridades y a la opinión pública y disuadir violaciones a la ley.
