Gobernar a golpe de recule

Escuchar a la ciudadanía es una obligación democrática y una virtud que debería acompañar siempre el ejercicio del poder. Ningún gobierno serio debe actuar con soberbia ni asumir que sus decisiones son absolutas o inmunes a la crítica. Corregir una medida cuando aparecen nuevos elementos, cuando surgen efectos no previstos o cuando se detectan errores puede ser una señal de madurez política.

Pero existe una diferencia abismal entre rectificar y convertir la rectificación en una forma permanente de gobernar.

En los últimos tiempos se ha instalado una narrativa oficial según la cual retroceder en decisiones gubernamentales constituye una demostración de sensatez, prudencia y capacidad de escuchar al pueblo.

Ese argumento, tomado de manera aislada, podría parecer razonable. Después de todo, un gobierno que jamás corrige también puede convertirse en un gobierno desconectado de la realidad.

Sin embargo, cuando ese comportamiento deja de ser excepcional y pasa a ser recurrente, la discusión cambia.

Una cosa es corregir una vez. Otra muy distinta es anunciar medidas, emitir decretos, impulsar decisiones, generar expectativas y luego desmontarlas ante las primeras reacciones sociales o políticas.

Cuando eso ocurre reiteradamente, ya no estamos hablando necesariamente de apertura democrática, comenzamos a entrar en el terreno de la improvisación.

Gobernar exige algo más que capacidad de reacción. Exige dirección, planificación, previsión y certeza.

Las políticas públicas no deberían construirse sobre el pulso del momento ni sobre la lógica del ensayo y error. Antes de anunciar una medida deberían existir estudios técnicos, consultas institucionales, evaluación de impacto y claridad sobre sus consecuencias económicas, jurídicas y sociales.

El problema no es corregir. El problema es que la corrección sustituya la planificación.

Cuando las decisiones cambian constantemente, comienza a erosionarse uno de los pilares más importantes de cualquier Estado moderno: la confianza pública. Ciudadanos, empresarios, inversionistas y servidores públicos necesitan reglas claras y estabilidad institucional para organizar sus decisiones.

Cada recule tiene un costo. Lo paga el ciudadano que deja de creer en el carácter definitivo de los anuncios oficiales. Lo paga el productor que necesita previsibilidad para invertir. Lo paga la administración pública que debe ejecutar decisiones que cambian constantemente. Y lo paga el propio gobierno cuando proyecta la imagen de que primero actúa y después reflexiona.

Presentar cada retroceso como una muestra automática de sensatez y humildad política puede ser útil en términos comunicacionales, pero no necesariamente fortalece la institucionalidad. Porque la prudencia no consiste únicamente en retirar una decisión impopular, también consiste en cuidarse de no anunciar medidas que luego no puedan sostenerse.

No se trata de exigir gobiernos infalibles ni de defender posiciones rígidas incapaces de escuchar reclamos legítimos. Se trata de recordar que la verdadera prudencia y sensatez comienzan antes del decreto, no después del rechazo de la población.

Un gobierno que escucha fortalece la democracia. Pero un gobierno que convierte el retroceso en método corre el riesgo de transmitir que primero decide y luego pregunta.

La ciudadanía no espera la perfección. Espera seriedad. Espera gobiernos capaces de escuchar, sí, pero sobre todo gobiernos capaces de pensar antes de decidir y no decidir para luego medir si pueden sostener lo decidido.

Porque rectificar ocasionalmente puede ser sensato. Pero gobernar a golpe de recule termina pareciendo otra cosa: ausencia de planificación, incertidumbre institucional y falta de rumbo.