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La República Dominicana no puede seguir financiando su vulnerabilidad energética como si fuera una política transitoria. Solo en 2025, el subsidio al sector eléctrico ascendió a RD$105,849.1 millones, una cifra superior al presupuesto conjunto de Obras Públicas, Agricultura y Vivienda. Y a esa carga estructural se añade el repunte del subsidio a los combustibles, que solo para la semana del 14 al 20 de marzo de 2026 obligó al Estado a destinar RD$1,189.8 millones adicionales.
Después de más de dos décadas de subsidios al sector eléctrico, que según distintas estimaciones han absorbido recursos equivalentes a decenas de miles de millones de dólares sin corregir las fallas estructurales del sistema, la República Dominicana sigue sosteniendo un modelo que ha probado su insostenibilidad.
Los subsidios no focalizados, opacos y escasamente auditables crean un terreno fértil para la discrecionalidad, la ineficiencia y el riesgo de desvío de fondos públicos. Cuando el Estado subsidia sin focalización clara, sin trazabilidad y sin evaluación verificable, termina destinando recursos de todos a esquemas que no necesariamente protegen mejor a quienes más lo necesitan.
Pero el problema no termina ahí
Las crisis internacionales rara vez llegan sin aviso. Antes de convertirse en emergencia, suelen anunciarse durante años. En tiempos inciertos, la esperanza sin previsión no es una estrategia. La verdadera prudencia consiste en prepararse para lo peor mientras se trabaja por lo mejor. Gobernar, en tiempos difíciles, es anticipar.
Por eso, la República Dominicana necesita algo más que administración cotidiana del Estado. Necesita una doctrina nacional sobria, realista y sostenida, capaz de ordenar prioridades, reducir vulnerabilidades y garantizar continuidad estratégica más allá de los ciclos políticos. Esa doctrina debería comenzar, al menos, por tres prioridades: seguridad energética, soberanía alimentaria y fortaleza institucional.
La primera es la seguridad energética. Persistir indefinidamente en un esquema de subsidios generalizados sería una temeridad fiscal y estratégica. Un país vulnerable no puede darse el lujo de subsidiar su propia fragilidad. Un país que subsidia el consumo sin corregir las fallas estructurales del sistema no está protegiendo su futuro: está hipotecando su propia estabilidad.
La segunda es la soberanía alimentaria. Cuando sube la energía, no solo se tensionan las cuentas públicas: se encarece el transporte, aumenta el costo de producción y suben los alimentos que llegan a la mesa de las familias dominicanas. Por eso, fortalecer la producción nacional de alimentos no es únicamente una política agrícola. Es una política de estabilidad económica y seguridad nacional.
La tercera es la fortaleza institucional. La República Dominicana ha preservado una estabilidad democrática relativa, pero todavía no puede darse por sentada. Existen reglas y órganos de control en el plano formal; sin embargo, persiste con demasiada frecuencia una distancia incómoda entre la norma y su aplicación efectiva.
Corregir estas vulnerabilidades no debería ser materia de improvisación ni de cálculo partidario. Debería convertirse en un acuerdo mínimo de Estado sobre lo que la República Dominicana debe proteger primero en un mundo cada vez más caro, más volátil y más incierto.
La pregunta ya no es si el mundo seguirá siendo incierto, sino si la República Dominicana corregirá a tiempo sus vulnerabilidades antes de que esa incertidumbre la obligue a hacerlo bajo presión. Porque en tiempos de desorden global, los países que llegan a puerto seguro no son los que improvisan el rumbo, sino los que protegen con claridad aquello que consideran esencial.
