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El narcotráfico ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una amenaza estructural que ha penetrado y contaminado todos los estamentos del poder en la República Dominicana. Sus tentáculos largos y peligrosos, ya no se limitan a las calles o los puertos; hoy alcanzan gobiernos, presidentes, líderes políticos y hasta sectores que deberían ser símbolos de transparencia y desarrollo, como el turismo.
Es lamentable y profundamente preocupante que el país todavía no tenga una respuesta clara sobre quién, desde el gobierno del presidente Luis Abinader, invitó y llevó al conocido narcotraficante Frico, vinculado al proyecto Fricolandia, a la Feria Internacional de Turismo (FITUR).
Este no es un simple descuido logístico ni un error de protocolo; es una señal de debilidad institucional y de la peligrosa normalización de la cercanía entre el poder político y figuras del crimen organizado.
Más aún, este individuo fue visto en la inauguración de obras en Puerto Plata, posando sonriente en fotos junto a varios funcionarios del gobierno y al presidente del partido. Eso demuestra que no se trata de un caso aislado, sino de un síntoma de una enfermedad más profunda: la pérdida del control moral y político sobre los espacios de poder.
Pregunta
La pregunta es obligada y directa: ¿cómo puede alguien tan conocido en el mundo del narcotráfico y con antecedentes tan cuestionables, acceder con tanta facilidad a los actos oficiales del Estado, mientras se excluye, margina y limita tanto la entrada a los propios perremeístas, aliados, colaboradores y dirigentes históricos que ayudaron al mandatario Luis Abinader y al PRM a construir el camino hacia el poder político que hoy disfrutan?
Lo que está en juego no es solo la imagen del gobierno y del Partido Revolucionario Moderno, sino la credibilidad del Estado y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, líderes y funcionarios. Cada silencio, omisión y justificación, debilitan aún más el tejido moral de nuestra República Dominicana.
El gobernante Abinader tiene la oportunidad y el deber de marcar una diferencia: ordenar una investigación exhaustiva, precisa, seria, transparente y sin privilegios, porque cuando el narcotráfico logra infiltrarse y penetrar en los espacios del poder, no solo corrompe las estructuras, sino que degrada la moral pública, destruye la fe en sus autoridades y la justicia, y socava las bases mismas de la institucionalidad de nuestra nación.
Detener esta infiltración no puede seguir siendo una consigna vacía. Es una tarea urgente, inaplazable y nacionalista. El país necesita saber quiénes abren las puertas del Estado a los narcotraficantes… y por qué lo hacen.
jpm-am
